El Observatorio Luz Ibarburu, que realiza un seguimiento de las causas sobre crímenes cometidos durante la dictadura, compartió un documento con los procesados por crímenes de lesa humanidad en Uruguay, en el período que va desde 2020 hasta marzo del 2022.

El 26 de marzo de 2020 fue procesado como coautor de un “homicidio muy especialmente agravado”, el coronel retirado Lawrie Rodríguez, por el asesinato del militante anarquista Iván Morales, asesinado en 1974 tras ir a visitar a su novia.

Por otro lado, el 25 de mayo de 2020 se procesó a los militares José María Cabrera Rivas y Andrés Daniel Quintana García, integrantes de S2 ?la repartición de inteligencia que realizaba los interrogatorios en el Batallón de Ingenieros 2 de Florida en 1972?, por los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y de privación de libertad.

El 10 de junio de 2020 se dictó el procesamiento con prisión del militar retirado Leonardo Vidal. Vidal fue procesado por el asesinato en 1972 del militante tupamaro Nelson Berreta, que estaba detenido y fue baleado por la espalda cuando intentaba huir esposado. 

El 11 de junio, el ministro de Defensa Javier García, quien dijo hablar también en nombre del presidente Luis Lacalle Pou, mostró "preocupación" por el procesamiento con prisión.

Vidal permaneció desde su procesamiento recluido en el penal de Domingo Arena, donde falleció en diciembre de 2021. Tras conocerse la noticia del deceso, los senadores de Cabildo Abierto Raúl Lozano y Guido Manini Ríos lamentaron el hecho y criticaron su circunstancia.

En julio de 2020 el represor Miguel Sofía fue procesado con prisión domiciliaria por los delitos de asociación para delinquir y el homicidio muy especialmente agravado de Héctor Castagnetto, luego de que la defensa del empresario impusiera un recurso de inconstitucionalidad basado en la proscripción de los hechos.

Sofía fue miembro activo de los Escuadrones de la Muerte, también conocidos como Comandos Caza Tupamaros o Defensa Armada Nacionalista (DAN), fueron grupos parapoliciales que operaron en las décadas de los años 1960 y 1970.  Sofia se encontraba prófugo desde el año 2009, acusado de crímenes diversos, pesaba sobre él una orden de captura internacional y fue encontrado y detenido a principios del año 2019.

En julio de 2020 también fueron procesados por la Justicia Jorge Guldenzoph y José Lemos, dos exagentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Ambos fueron procesados con prisión por diversas torturas realizadas entre 1974 y 1983, cuando en la jefatura de la DNII estaba Víctor Castiglioni, en primer lugar (hasta 1982), y Máximo Costa Rocha, posteriormente.

La mayoría de las víctimas de los exagentes de la DNII eran militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), quienes fueron detenidos y atormentados en dicha sede policial.

En julio de ese año también fue procesado el policía retirado Tabaré Sartorio por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura en una dependencia de la Guardia Metropolitana.

El juez Nelson Dos Santos procesó al policía retirado por los delitos de abuso de autoridad contra el detenido y privación de libertad, lo que equivale al crimen de tortura que se tipificó en Uruguay en el 2006 en la ley N° 18.026.

En el acta de procesamiento se deja constancia de que Sartorio cumplirá prisión domiciliaria por razones médicas, aunque él había planteado que los delitos habían prescrito, pero el juez rechazó este recurso debido a que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Por otro lado, a fines de julio dos militares retirados fueron procesados este martes por el homicidio de Julián Basilicio López en enero de 1976.  La jueza Isaura Tórtora procesó con prisión a Nelson Coitinho y Hugo Garciacelay, ambos responsables de las torturas que dieron muerte al militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU) que se desempeñaba como conductor de taxi.

El caso se enmarca en la denominada Operación Morgan, dentro del último período dictatorial en Uruguay, ocurrido entre 1973 y 1985.

En agosto de 2020 el militar retirado Víctor Stocco fue procesado con prisión por la presunta comisión de dos delitos de abuso de autoridad y dos delitos de privación de libertad entre los años 1972 y 1976 en el Batallón de Ingenieros N°4, ubicado en Laguna del Sauce (Maldonado).

Según se desprende del auto de procesamiento, en dicha unidad militar "existía una práctica sistemática que consistía en la detención de personas por su vinculación política, realización de volanteadas y pegatinas". Agrega que los detenidos eran principalmente jóvenes, "la gran mayoría estudiantes de magisterio".

Por otra parte, en diciembre de 2020 el juez Eduardo Guevara ordenó el procesamiento del médico Nelson Fornos Vera y del coronel retirado Mario Ramos luego de que la Federación de Médicos del Interior (FEMI) denunciara torturas a los prisioneros en 1986.

El procesamiento se dio luego de que se constataran "reiterados delitos de abuso de autoridad” contra detenidos en Trinidad, departamento de Flores.

2021

En marzo de 2021 fue procesado con prisión Ayelmiro Pereira, exjefe de policía de Cerro Largo, por “tres delitos de privación de libertad en concurrencia de la reiteración con cuatro delitos de abuso de autoridad” contra detenidos en la sede de la entonces Guardia Metropolitana, conocida como Guardia de Ganaderos, en 1974.

El expolicía estaba recluido en la prisión Domingo Arena y murió en enero de 2022 tras sufrir un infarto intestinal.

En marzo los militares (r) Antranig Ohanessian y Jorge Silveira fueron procesados con prisión por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor. La jueza Silvia Urioste hizo lugar al pedido del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

El 28 de octubre de 2011, un conjunto de 26 mujeres (ex presas políticas) pusieron en conocimiento de la Justicia los distintos apremios físicos y psicológicos a los que fueron sometidas, las privaciones ilegítimas de la libertad que sufrieron y en especial los abusos sexuales de que fueron objeto.

Los hechos que se denuncian corresponden a distintas unidades militares y/o policiales, así como centros clandestinos de detención (300 Carlos, La Tablada).

En abril de 2021 la jueza Silvia Urioste dispuso el procesamiento con prisión del coronel retirado Eduardo Ferro, exintegrante de los servicios de inteligencia del Ejército en dictadura, por el crimen del militante comunista Óscar Tassino, desaparecido en julio de 1977.

Ferro estuvo prófugo de la Justicia durante varios años, hasta que finalmente se entregó en enero de 2021 a la Policía española. Tras los trámites correspondientes, Ferro fue extraditado a Uruguay.

Por el asesinato de Tassino también fueron procesados con prisión los militares Jorge Silveira y Ernesto Ramas, en el mes de junio del 2021, ambos por “cuatro delitos de privación de libertad especialmente agravados, tres delitos de violencia privada especialmente agravados. dos delitos de lesiones graves y homicidio muy especialmente agravado”.

En abril, Ramas, Silveira y el coronel retirado José Nino Gavazzo, fallecido en junio de 2021, fueron procesados por los delitos de “privación de libertad” y “abuso de autoridad contra los detenidos” en el marco de la Operación Morgan.

Operación Morgan fue el nombre de un operativo represivo organizado por la dictadura dirigido específicamente al Partido Comunista de Uruguay y la Unión de la Juventud Comunista.

Por otro lado, en junio de 2021 la Justicia procesó a siete militares por torturas a ex presos políticos en el Batallón 13 y el centro de detención "300 Carlos". Fueron procesados y fue decretada la prisión para José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Mario Aguerrondo, Ernesto Rama, Rudyard Scioscia, Mario Frachelle y Mario Cola.

Se los procesó por un "delito continuado de privación de libertad especialmente agravado, en concurrencia fuera de reiteración con un delito continuado de violencia privada especialmente agravado".

En junio de ese año fueron procesados con prisión por el asesinato por torturas de Gerardo Alter en Batallón de Infantería No. 1 'Batallón Florida', los represores Pedro Enrique Buzó Correa, Antranig Ohannessian y Néstor Ramón Silvera Fonseca. Los exmilitares fueron condenados por la jueza Silvia Urioste como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado.

Por este caso fue procesado también, en octubre de 2021, el militar retirado Armando Méndez. Méndez fue procesado con prisión por el homicidio muy especialmente agravado de Alter, en calidad de presunto coautor penalmente responsable.

Gerardo Alter era de La Plata (Argentina) y tenía 27 años cuando fue detenido el 19 de agosto de 1973 en Camino Carrasco y Veracierto, en Montevideo, junto a Walter Arteche y Jorge Selves. Fueron llevados al Batallón “Florida” de Infantería N° 1, donde Gerardo y Walter fueron torturados hasta su muerte, recuerda Sitios de Memoria.

Segunda parte del 2021

En julio de 2021 la jueza Ana de Salterain decretó el procesamiento con prisión de Jorge Silveira, José Ricardo Arab y Gilberto Vázquez en la causa que investiga el secuestro de Anatole y Victoria Julien en Buenos Aires en el año 1976.

Estos militares, al igual que el fallecido Luis Maurente, fueron procesados "como autores responsables de dos delitos de privación de libertad, en concurrencia fuera de la reiteración, con delitos de supresión de estado civil y dos delitos de abandono de niños".

Anatole y Victoria fueron detenidos ilegalmente junto a sus padres, Mario Roger Julién y Victoria Lucía Grisonas, el 26 de setiembre de 1976 en la ciudad de Buenos Aires.

Los niños fueron trasladados a Montevideo junto a su madre, y luego los menores fueron trasladados a Chile, donde los abandonaron en diciembre de 1976 en Valparaíso. En dicho país fueron entregados en adopción a una familia chilena, luego de pasar por el orfanato de Playa Ancha.

En agosto de 2021 tres militares retirados fueron procesados con prisión por el homicidio del trabajador rural y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Óscar Fernández Mendieta. La jueza penal de 23º turno, Isaura Tórtora procesó con prisión a Gustavo Mieres, Alberto Ballestrino y Liber Morinelli. 

En el mes de setiembre de 2021, la jueza en lo penal de 23° turno, Isaura Tórtora, procesó con prisión a los militares Lawrie Rodríguez y Ariel Ubillos por el asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos Mendoza, ocurrido en setiembre de 1973 en el Regimiento de Caballería Nº 6, según reportó La Diaria.

En setiembre el represor Enrique Uyterhoeven fue procesado con prisión por delitos de tortura que cometió en el centro clandestino de detención y torturas "Base Roberto" que funcionó en La Tablada. El procesamiento se dio ante la jueza penal de 26º Turno, Ana de Salterain.

El exmilitar fue citado por la causa que investiga torturas en La Tablada y las desapariciones de los militantes comunistas Felix Ortiz, Miguel Mato y Omar Paitta.

En octubre de 2021 fue procesado con prisión por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Paysandú el capitán retirado Ramón Larrosa.

El represor actúo como enlace de inteligencia S 2 en el Batallón de Infantería no. 8 de Paysandú, participando en interrogatorios y torturas de personas secuestradas.

Larrosa fue procesado “por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves, estos en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados en calidad de coautor” contra el sindicalista Hermes Pastorini.

En octubre la jueza Carla Gómez del departamento de Tacuarembó procesó con prisión al exalférez de la dictadura Carlos Raúl Chaine Díaz por abuso de autoridades contra los detenidos y lesiones graves.

Los hechos denunciados sucedieron en el Regimiento de Caballería Mecanizada N. °5 con sede en la ciudad de Tacuarembó. Las víctimas son personas que integraban el Partido Comunista del Uruguay en 1976.

2022

En 2022, el pasado mes de marzo, la jueza Penal de 23 turno Isaura Tortora dispuso el procesamiento con prisión de los militares Armando Méndez y Antranig Ohanessian por coautoría del "homicidio muy especialmente agravado" de Walter Arteche en 1973. La Justicia hizo lugar al pedido del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

Días después, el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno procesó sin prisión al médico ginecólogo Ramón Rodríguez de Armas “como coautor de un delito continuado de abuso de autoridad con los detenidos” durante la dictadura.

Este Tribunal, integrado por los ministros Alberto Reyes, Graciela Gatti y Sergio Torres, revocó el fallo de la jueza Silvia Urioste, quien, a pesar del pedido de Fiscalía, había resuelto en 2021 archivar la causa contra Rodríguez de Armas. La clausura de la investigación penal fue apelada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien llevó así el caso al Tribunal.

La sentencia del Tribunal, firmada el 11 de marzo de 2022, da la razón al fiscal, quien planteó que “el imputado intervino como médico en el local de la SID (Servicio de Información de Defensa), sito en Bulevar Artigas y Palmar y el centro de detención clandestino conocido como '300 Carlos', donde los denunciantes se encontraban detenidos en forma clandestina y sometidos a torturas”.