La ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó este lunes que el Estado no autorizará nuevos pagos al astillero español Cardama hasta la resolución judicial de la denuncia en curso que el país mantiene con la empresa por el contrato de las patrulleras oceánicas (OPV).
La titular de la cartera señaló en rueda de prensa en el acto por el 197 aniversario del Ministerio que Presidencia amplió la denuncia contra el astillero y que, aunque el empresario Mario Cardama comunicó la colocación de la segunda quilla —pretendiendo que eso habilite pagos—, el Gobierno mantiene todo “en stand by” y solo liberará fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores.
El Ministerio de Defensa bajo la Administración de Lacalle Pou rubricó en 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.
No obstante, el pasado 22 de octubre, Orsi anunció la decisión de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce —que debía ofrecer el aval— se encontraba en proceso de liquidación.
En este sentido, Lazo indicó que ahora inspectores uruguayos están en España, acompañados por una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, que respalda el trabajo estatal, para verificar avances reales.
La ministra expresó su preocupación por la reciente “aceleración” de los trabajos tras un período de parálisis y advirtió que “la colocación de la quilla puede ser solamente presentar una chapa”, subrayando que Uruguay no cederá en la calidad del material, pues de esta depende la seguridad de sus efectivos.
Ante esta consulta, Lazo respondió que los apuros en los últimos días hacen que se corra un riesgo en la calidad del producto a entregar y aclaró que su prioridad no es una “aversión hacia el empresario”, a quien afirma que solo vio dos veces, sino cuidar a los funcionarios del Estado.
La ministra subrayó la necesidad estratégica de las OPV ante un “contexto mundial complejo” y la importancia de explorar alternativas regionales para consolidar soberanía compartida con los países vecinos.
En ese sentido, el presidente Orsi afirmó el pasado 9 de diciembre que Uruguay contará “sí o sí” con las patrullas oceánicas que inicialmente fueron encargadas a Cardama y aseguró que el gobierno uruguayo está trabajando en ver la forma de lograr el objetivo central, que es tener las patrullas.
Días atrás, Lazo había adelantado en Arriba gente (Canal 10) la posibilidad de suspender los pagos. “Para nosotros, esta garantía de fiel cumplimiento con características fraudulentas ya configura una rescisión del contrato”, sostuvo la ministra, aunque aclaró que “hay que esperar”, ya que la decisión no funciona como un “interruptor”, sino que “se deben establecer acciones para demostrarlo”.
De acuerdo con esto, el Ministerio tendría una “fuerte demostración” para rescindir el contrato en caso de que no se cumpla el plazo. De confirmarse ese escenario, la cartera maneja “por lo menos dos alternativas” para obtener OPV, una de ellas a través de un fabricante de la región, mientras que se descartó fabricar las naves en Uruguay.
Con información de EFE