Sube el combustible: qué pasa con el precio del boleto, la garantía SIGA y otras medidas

El Poder Ejecutivo anunció una suba en el precio de los combustibles del 7% —para nafta, gasoil y supergás— a partir del próximo 1º de abril, en lugar de a principios de mayo como estaba previsto, debido al contexto internacional causado por la guerra en Medio Oriente.

Además de fijar los nuevos valores de las tarifas, los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) e Industria, Energía y Minería (MIEM) dispusieron “medidas adicionales a la amortiguación de la suba de los combustibles”. La intención es “contribuir al financiamiento del capital de trabajo de las actividades más afectadas en el corto plazo, en un contexto de presión transitoria sobre la liquidez”, de acuerdo con un comunicado conjunto de ambas carteras. También se buscó “tranquilizar a la población en general” ante esta realidad, puntualizó el ministro de Economía, Gabriel oddone, en conferencia de prensa.

En primer lugar, se recalcó que la suba del precio de los combustibles no tendrá impacto directo en la tarifa del precio de transporte colectivo urbano, ya que “será asumido por el subsidio implementado a través del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible”, indica el documento. Esta herramienta “reintegra a las empresas de transporte colectivo la diferencia entre el precio al público abonado y un valor fijo”, añade el texto.

Oddone reconoció que este alivio al precio del boleto será “por ahora”: “Por supuesto que no va a ser siempre así, pero este tipo de instrumentos son los que permiten gestionar de manera adecuada este tipo de shocks y no trasladarle un evento extraordinario y que ocurre en un lugar muy lejano a la población sin tener siquiera la certeza de si es un evento transitorio o de duración más permanente”, detalló el ministro.

Por otro lado, a través de la Agencia Nacional de Desarrollo, se prevé la creación de un instrumento de crédito blando dirigido a los sectores de actividad de cereales, oleaginosos, legumbres, arroz y cultivos de invierno de lechería. Este instrumento estará disponible a través de instituciones de microfinanzas y tendrá un monto máximo de US$ 30.000 y un plazo máximo de seis meses. Se prevé subsidiar hasta el 50% de la tasa de interés de los créditos, con un tope de 350 puntos básicos.

El gobierno también dispuso la extensión de los beneficios de la garantía SIGA Agro —a los sectores previamente mencionados— en todo el territorio nacional, estableciendo una comisión del 0,6%. Esta medida ya regía para los departamentos afectados por él déficit hídrico, por lo que se hizo fue ampliarlo a todo el país.

A nivel del Banco República (BROU), el organismo resolvió asumir el costo de la comisión del 0,6% para aquellos productores que tomen el crédito a través de dicho banco. Además, dada la “situación extraordinaria”, se prevé que la financiación de los cultivos de verano —que cada año se suele cancelar el 30 de junio con el producido de la cosecha— se realizará de manera parcial en esa fecha y el saldo se abonará con lo producido durante la zafra 2027; es decir, los productores pueden pagar “parte el 30 de junio como siempre, una parte en 12 meses más”, explicó Oddone.

En tanto, la Dirección General Impositiva extendió a 12 meses la devolución del IVA al gasoil a los contribuyentes del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba).

“El Poder Ejecutivo exhorta a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), dentro del ámbito de su competencia, a monitorear la venta de gasoil en frontera, así como a evaluar acciones que se requieran para garantizar el abastecimiento interno de dicho energético”, reza otra de las medidas dispuestas por el Ejecutivo.

Asimismo, Ancap realizó compras de crudo para “garantizar la seguridad de suministro a la población”. Los pagos de estas adquisiciones “impactarán en [las] necesidades de financiamiento” del ente, por lo que el MEF lo autorizó a contratar líneas de crédito “a los efectos de cubrir sus necesidades ante la nueva coyuntura”.

Se tratan de dos líneas de crédito: una de gestión de liquidez para “atender obligaciones imprevistas o requerimientos extraordinarios de capital de trabajo”, por un monto de hasta US$ 100 millones o su equivalente en pesos uruguayos; la segunda está destinada a “atender las necesidades de capital de trabajo correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027”, y es por un monto de hasta US$ 120 millones de dólares o su equivalente en pesos.

“Las políticas públicas están para amortiguar shocks, para no trasladarle a la población y al mundo de los negocios cosas que ocurren en un lugar muy lejano y por razones que están fuera de control de quienes están enfrentados a estos mercados. Esa es la razón por la que nosotros creemos firmemente que las políticas activas de mitigar shocks son importantes; no para impedir que eso ocurra, sino para gestionarlo, hacer que en el tiempo el efecto sea más suave”, concluyó Oddone al cierre de la conferencia.