Rosario Barrera, la madre de la pediatra Soledad Barrera, presentó una denuncia ante el Colegio Médico del Uruguay para que se evalúe el pasaje al Tribunal de Ética Médica de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y de la anestesista condenada por homicidio culposo tras la muerte de su hija durante una cirugía programada.
El escrito está dirigido al presidente del Colegio Médico, Álvaro Niggemeyer y cuestiona la decisión adoptada por Lustemberg de reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional aplicada a la profesional.
Según el documento, al que accedió Montevideo Portal, la resolución “no puede considerarse éticamente neutra ni meramente administrativa”, debido a que el caso involucró la muerte de la pediatra de 41 años durante una intervención quirúrgica.
La denunciante sostiene que la actuación de la ministra debe analizarse desde el punto de vista ético y deontológico, al entender que el ejercicio del cargo “no suspende los deberes de responsabilidad, transparencia, prudencia, protección de la salud colectiva y respeto por la confianza pública”.
En la presentación también se señala que la reducción de la sanción provocó una “fractura institucional” dentro de la Comisión Honoraria de Salud Pública, ya que —según el escrito— 11 de sus 13 integrantes habrían renunciado o puesto sus cargos a disposición tras la decisión ministerial.
Además, la denunciante remarca una “contradicción estatal” porque mientras el MSP redujo la sanción profesional, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso la baja de la anestesista de las Fuerzas Armadas, medida firmada por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
El documento también cuestiona la información brindada por Lustemberg ante el Parlamento sobre el estado del expediente contencioso-administrativo vinculado al caso. La denunciante sostiene que el MSP habría presentado fuera de plazo actuaciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y plantea que esa eventual omisión “resulta particularmente grave” desde el punto de vista ético.
En el petitorio final se solicita que el Colegio Médico determine si los hechos narrados configuran materia de competencia del Tribunal de Ética Médica y, en caso afirmativo, que se inicie un procedimiento para analizar la conducta de ambas. También pide que se evalúe si la reducción de la sanción estuvo respaldada por “fundamentos éticos, técnicos y documentales suficientes”.