La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) publicó en las últimas horas las versiones complementarias de la declaración jurada de la exvicecanciller y embajadora en Portugal Carolina Ache, que agrega los datos patrimoniales de su esposo, Tomás Romay Buero.

En setiembre de 2022, el organismo envió un reclamo a la jerarca para que presentara la información de su cónyuge. Romay accedió, pero presentó un escrito en el que manifestó su intención de que se mantuviera en reserva y no fuera publicada en la web.

A partir de ese momento, comenzaron las idas y vueltas entre ambas partes. El proceso terminó en los últimos días con la resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de no dar lugar a este último recurso y habilitar la divulgación de la información en la página de la Jutep.

Según consignó El Observador, el empresario dijo percibir ingresos mensuales por $ 772.000 en concepto de arrendamientos y “retiro promedial aproximado mensual en el período de 12 meses”, y declaró un patrimonio de $ 434.885.028 a la fecha de diciembre de 2022, que, al cambio de ese momento, equivalía a US$ 11,3 millones.

Romay declaró tener el 100% de la propiedad de tres inmuebles en Montevideo, el 50% de otros dos —uno en la capital y otro en Rocha—, el 33% de otros cuatro —uno urbano en Montevideo y tres campos en Salto—, el 16,67% de cuatro campos más —dos en Montevideo, uno en Río Negro y otro en Cerro Largo—, el 11,11% de un inmueble en la capital, el 8,33% de uno en Maldonado y el 1% de otro en Canelones.

A su patrimonio se le suma la participación en sociedades: un 33% en “Tomás y Clarice Romay Buero y otros sociedad de hecho”, un 33% en Río Uruguay TV Canal 12 (Fray Bentos S.A), un 30% en Romay Consultores S.A.S y el 16,67% de Cabana Salvo Vivienda Social, además de una cuota social en Cable Video Uruguay y una acción en Tislara S.A.

Además, declaró unos $ 28,8 millones en concepto de derechos sucesorios.

Una vez que comenzaron los reclamos, Ache —consultada por Búsqueda— argumentó que su esposo no estaba obligado a presentar la información al no ser empleado público y tener separación de bienes. Más allá de eso, la ley establece que todos los jerarcas deben presentar la declaración de sus cónyuges, estén separados de bienes o no.

El caso de la actual embajadora en el país luso tiene semejanzas con el de Juan Sartori. La principal diferencia es que el exsenador fue declarado omiso al no haber presentado ante la Jutep los datos patrimoniales de su esposa; Ache no lo fue porque Romay sí presentó formalmente la declaración, más allá de su no publicación.