Sobre fines de diciembre, la familia del fallecido Gustavo Basso —uno de los fundadores de Conexión Ganadera— presentó un recurso para evitar que el apartamento en el que la viuda, Daniela Cabral, cumple prisión domiciliaria, sea vendido.

El inmueble en cuestión es en Punta del Este y está ubicado en una de las tres torres del edificio Imperiale. El apartamento está valuado, actualmente, en US$ 900.000 y ha acarreado todo tipo de polémicas por el lujo en el que se la acusa de vivir a Cabral. 

Las hijas de Basso y Cabral presentaron el recurso en el que buscaban evitar el remate del apartamento, ordenado por el síndico de la herencia del fallecido empresario, Alfredo Ciavattone. 

Entre los argumentos, manejaron que se trata de una acción que se toma demasiado adelantada, y no hay una justificación clara de por qué se decidió ir al remate. Además, apuntaron contra Ciavattone por no fundamentar su accionar y tampoco tener causas probatorias para rematar el inmueble.

Sin embargo, el pasado martes la Justicia determinó que se proceda a la venta del apartamento. Entre los argumentos manejados por el juez Elbio Méndez, se coincide con Ciavattone que la manutención del apartamento “resulta muy costosa, lo que deviene ajustado a una menor conservación de la masa activa”. 

Además, como la actividad comercial que desarrollaba Basso se encuentra suspendida, “la única solución posible es la liquidación de los bienes que integran la masa activa del concurso, ya que no existe actividad empresarial que pueda continuar desarrollándose”. 

En caso de que los herederos de Basso quieran seguir adelante con la actividad empresarial, deberán hacerlo a título personal. En cualquier caso, antes, y como prioridad, deberán pagar las deudas que dejó el fallecido a los empresarios.

De esta manera, se resolvió desestimar los argumentos presentados por la familia y que la sindicatura “proceda a la venta inmediata” del apartamento. 

En la última audiencia por el caso, el apartamento fue un tema a tratar. Los abogados de Cabral, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, anunciaron, durante la audiencia, que la semana próxima preveían enviar a la Justicia un escrito en el que solicitarían un cambio de domicilio para su defendida.

“Esta decisión es personal de ella, no es que sea producto de un asesoramiento de nuestra parte. Nosotros la hemos asesorado en que ella tiene todo su derecho a estar donde está”, sostuvo Donnángelo durante la audiencia, y resaltó que la medida ha “resultado ser efectiva” en el domicilio fijado, dado que la Policía no ha reportado ningún inconveniente ni obstrucción de la investigación.    

Sobre el final de la audiencia, cuando la decisión ya parecía haber quedado consumada y de hecho escrita en el acta judicial, el abogado Ignacio Durán —que representa a cientos de damnificados— pidió la palabra para intervenir.

A raíz del cambio de fijación de domicilio de Cabral, Durán manifestó que le quedaba una duda y que pretendía que fuera aclarada por la Fiscalía.

“Cuando la defensa de Cabral plantea la modificación, que uno tiene que decir que era lo que esperábamos, la Fiscalía —si yo no me equivoco— dice que ve con buenos ojos el cambio de domicilio. Si dice eso es porque veía con malos ojos que estuviera en el Imperiale frente al mar o porque hay un consenso con la defensa de la imputada en que hay un nuevo domicilio, que sería de nivel inferior, que no formaría parte de la sucesión. Creo que las víctimas tenemos derecho a saber a qué se refiere” la expresión de la Fiscalía, consideró.

Donnángelo retomó la palabra y sostuvo que la decisión de Cabral tenía “como objeto que estos niveles de agresión para ella y su familia, de algún modo, cesaran”. “Que exista un ambiente propicio para el juzgamiento”, añadió.

El penalista reiteró que acababan de anunciar que en los próximos días presentarían un escrito con el nuevo domicilio solicitado y pedirían que fuera reservado. “Ha habido amenazas a niños de 2, 5 y 7 años, que son los nietos de la señora. Con parlantes en el colegio diciendo el apellido de la familia, generándoles daños emocionales a los menores. Han intentado ingresar en el apartamento de la señora en Punta Carretas. Existen razones más que suficientes como para que el domicilio tenga cierto resguardo”, añadió.