La vertiente Artiguista (VA), partido integrante del Frente Amplio, emitió este miércoles un comunicado en el que condena lo que considera como “ataques” sufridos por fiscales. Dichas agresiones pretenderían “afectar la libertad técnica en el libre ejercicio de su importante función institucional”.

En el texto, la VA considera que “el país vive una situación de ataque a la institucionalidad por parte de actores políticos de la coalición de gobierno” y también desde “algún comunicador vinculado a esta”.

El comunicado fue emitido en sucesión a acontecimientos ocurridos en las últimas horas en el marco de la causa Penadés, y luego de que el domingo el periodista Ignacio Álvarez lanzara desde su programa Santo y seña graves acusaciones contra la fiscal Alicia Ghione, quien lleva adelante dicho caso.

“Un día sí y otro también se llevan adelante cuestionamientos a la Fiscalía —tanto al Fiscal de Corte como a fiscales actuantes— en casos delicados relacionados a actos graves, así como a acciones y decisiones llevadas adelante por actores políticos vinculados al gobierno”, añade la misiva.

Para la VA, el gobierno “omite que el acceso a la carpeta fiscal lo tienen otros actores dentro del propio proceso judicial más allá de las y los magistrados fiscales, como ser la defensa tanto de los implicados y de las víctimas. Por dicha razón, pretender que las filtraciones son responsabilidad de la fiscalía es adjudicar responsabilidad a uno de los actores del proceso como parte de ese intento de atacarlo”.

El párrafo anterior hace referencia a la iniciativa del legislador nacionalista Rodrigo Goñi, quien pidió que el Fiscal de Corte, Juan Gómez, comparezca ante el Parlamento y ofrezca “explicaciones” por las presuntas filtraciones de información desde el Ministerio Público. La comparecencia está prevista para el próximo 7 de noviembre.

Según la VA, la Fiscalía que se cuestiona desde el gobierno es “la misma que durante los gobiernos del Frente Amplio llevó adelante imputaciones y pedidos de formalización a dirigentes políticos de nuestra fuerza política con responsabilidades institucionales, y más allá de las valoraciones al respecto, jamás recibieron, ni de cerca, la andanada de ataques que soporta la Fiscalía en el momento actual”.

“Se puede no compartir tanto los pedidos de formalización como las propias sentencias judiciales, pero una cosa es tener puntos de vista disidentes con dichas resoluciones, y otra muy distinta es llevar adelante una campaña sistemática de deslegitimación de la Fiscalía, con la pretensión de presionar a los operadores judiciales respecto a sus decisiones”, entienden desde el sector frenteamplista.

“Afectar la institucionalidad es de una enorme irresponsabilidad política y merece nuestro más enérgico rechazo”, concluye el envío.