La Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Diputados recibió un proyecto de ley para “prohibir y sancionar el acto de arrojar residuos sólidos y colillas de cigarrillo en espacios públicos”.
La iniciativa, que parte del diputado colorado Jin Tan Meng, busca dar al asunto un marco legal nacional y apunta a “proteger la salud pública” a través de “medidas de educación, dotación de infraestructura, fiscalización y sanción”, según la exposición de motivos del proyecto de ley a la que accedió Montevideo Portal.
En cuanto a las sanciones, en caso de una primera infracción leve, la multa sería de entre 150 y 200 pesos uruguayos, acompañada de la obligación de asistir a una charla informativa. Como alternativa, el infractor podrá realizar trabajo comunitario de limpieza para reducir o eximir la multa.
En caso de reincidencia o gravedad especial, las multas irían de 500 a 1.000 pesos, aplicables en casos de arrojo en áreas protegidas, zonas patrimoniales o abandono de residuos voluminosos y peligrosos.
Por su parte, si fueran conductas con daño grave, tal como que el abandono de residuos provoque incendios, riesgos para la salud pública o daños ambientales significativos, el caso podrá derivarse a la Justicia penal.
“Para personas de bajos ingresos se prevén mecanismos de pago en cuotas, reducción o sustitución por trabajo comunitario conforme a criterios sociales que determine la reglamentación”, dice el texto.
El proyecto habilita a las autoridades a sustituir sanciones económicas por servicio comunitario, y establece que los fondos recaudados por multas se destinen a infraestructura de limpieza, campañas educativas y programas de inclusión social.
Jin Tan Meng, nacionalizado como Jackie, nació en Guangzhou, China. Es el primer diputado de origen asiático. De chico soñaba con ser futbolista profesional y miraba los partidos del fútbol uruguayo por televisión, lo que lo llevó a viajar a Uruguay para practicar el deporte, según contó semanas atrás en entrevista con Montevideo Portal. Así, se radicó en Uruguay y ahora es empresario en Rivera.
De acuerdo con el proyecto, el control y la fiscalización estarían encargados a funcionarios municipales, así como “inspectores ambientales, personal de Policía y demás funcionarios debidamente autorizados podrán imponer sanciones y labrar actas por el incumplimiento de la presente ley”.
“La constatación podrá realizarse mediante testimonio presencial del agente, pruebas fotográficas o video, registros de cámaras públicas o privadas autorizadas y sistemas tecnológicos compatibles con la normativa de protección de datos”, agrega.