La Jueza Letrada de Primera Instancia de Carmelo de 2.º Turno, Dra. Alexandra Facal, procesó con prisión al juez y funcionario del Juzgado de Paz de la 7.ª Sección Judicial de Colonia (Conchillas) por el cobro ilegal de altas sumas de dinero por la realización de trámites gratuitos o de bajo costo. Se trataba de casamientos.
Cuando una persona de iniciales M. P. denunció la situación ante el Juez de Paz Departamental de Colonia, hacía ya cinco años que dos funcionarios realizaban maniobras fraudulentas a su favor cuando las parejas pretendían contraer matrimonio en una ceremonia fuera de la sede.
El denunciante pretendía casarse en su domicilio y concurrió al Juzgado de Colonia para iniciar el trámite. Debido a que en este no se atendía esa solicitud, se le encomendó concurrir a Conchillas. Luego de informarse en el recinto, acercó al funcionario en su vehículo hasta la radial. Este le informó que además de los timbres debía abonar un valor aproximado de $ 5.700 que serían destinados al Juez, lo que dio inicio a las sospechas y posteriormente a una investigación.
Aunque los contrayentes debían abonar por supuesto concepto de "taxi" o viáticos en algunos casos hasta $ 8.000, los funcionarios no respetaban los procedimientos. "Cuando el casamiento era a domicilio en la jurisdicción tampoco adherían los timbres al expedientillo y cuando se hacían fuera de la jurisdicción se cobraban alrededor de $ 8000 por concepto de viáticos, supuestamente para pagar el taxi, empero la suma era superior a lo que constaba el servicio", dice la sentencia.
En varias ocasiones, hacían figurar que los casamientos eran en su jurisdicción cuando en verdad se realizaban en otros lugares además de eludir la colocación correspondiente de timbres. Cuando las personas consultaban, se les decía que el matrimonio costaba entre $ 1.000 y $ 1,700, una suma muy superior a lo dispuesto por el Ministerio de Educación y Cultura. Entre certificado, libreta de matrimonio y matrimonio en la oficina no se abona más de $ 500.
"Respecto a los matrimonios realizados a domicilio en otras jurisdicciones surge que ambos funcionarios cobraban en forma ilegítima aproximadamente entre $ 5700 a $ 8000 pesos por concepto de viáticos", resolvió la Justicia.
"Surge semiplena prueba de que el funcionario J. D. l. S., con conocimiento del Juez D. C., durante cinco años aproximadamente cobraba a las parejas que contraían matrimonio en la oficina una suma superior a la fijada por el Ministerio de Educación y Cultura para realizar dicho trámite. Asimismo, recibían el dinero en efectivo, sin informar a los usuarios que debían concurrir con los timbres correspondientes y, además, no agregaban los timbres al expedientillo correspondiente ni a la libreta de matrimonio", indica la resolución judicial.
La resolución
El Ministerio Público solicitó el procesamiento y prisión de J. W. D. L. S. M. como presunto autor penalmente responsable de un delito continuado de concusión y a D. M. C. D. como presunto autor responsable de un delito continuado de concusión en reiteración real con un delito de falsificación material de documento público. La defensa del juez procesado manifestó que su defendido no tuvo participación en los hechos ya que, en su mayoría, los testigos manifestaron que no tuvieron contacto con el juez. Además, alegó que la única tarea de su cliente, en este sentido, es fijar día y hora para la ceremonia, en virtud de las dificultades de visión que presenta este. La defensa del funcionario alegó que el responsable de la oficina es el Juez y que el dinero era un modo de favor para las parejas que no podían trasladarse a Carmelo. Algunos de los testigos manifestaron que el dinero lo entregaron en presencia del juez o al mismo magistrado.
"Los indagados indujeron a las personas que comparecían a casarse a abonar una suma mayor a la requerida por la administración, en consecuencia indebida, para realizar la ceremonia de matrimonio. Se quedaban con todo el dinero, el que utilizaban en provecho propio", consta en la acusación.
La resolución además pone en duda la legalidad de varios de los casamientos, ya que no se siguió el procedimiento correcto. Se solicitó a la intendencia de Colonia que remita testimonio de todos los expedientillos confeccionados durante ese período, y se citará a declarar a todas las personas que contrajeron matrimonio en esa fecha.