El caso comenzó el año pasado cuando el ingeniero y empresario Gabriel Pérez Morgan, cuestionó el proceso de adjudicación de la planta de etanol a la empresa española Abengoa por parte de ALUR.
El tema permaneció varios meses en la comisión investigadora de ANCAP, y hubo "políticos que fogonearon con el tema", según declaró el abogado de Alur, Gumer Pérez, al matutino El país. Finalmente, el asunto llegó a la órbita judicial.
A juicio de la Fiscalía no se determinaron eventuales conductas irregulares reprochables penalmente, no se constataron impugnaciones o reclamos de parte de las restantes empresas oferentes, no se constató sobrefacturación, a su vez, no surgen evidencias de delitos de corrupción en que podían haber incurrido directores y gerentes de ALUR.
Por lo tanto, el caso fue archivado por parte de la Dra. Beatriz Larrieu, a solicitud del representante del Ministerio Público, Dr. Luis Pacheco.