Karina Núñez está cansada de contar su historia de vida públicamente. No quiere recordar su infancia en la que pasó hambre; está agotada de narrar que conforma la cuarta generación de trabajadoras sexuales en su familia; se rehúsa a revivir el cuento de cuando intercambió sexo por cinco pesos para comprar un yogurt, a los 12 años. “Ya me hicieron miles de notas sobre el tema, todo el mundo me conoce, todo eso no es novedoso”, dice a Montevideo Portal, con un tono firme, convencido y convincente que la caracteriza.

Karina quiere que se valore el trabajo colectivo que hacen las trabajadoras sexuales de Visión Nocturna y que se escuche la voz de otras compañeras. Su reticencia a poner su caso en el centro es en pos de que se reconozca el valor político de la militancia de muchas. “Mi lucha no es a mi nombre, sino por nosotras”, repite.

Apenas rompe el hielo, sus palabras se convierten en el crudo retrato de un colectivo que sigue exigiendo dignidad en un país que, aunque pionero en regulación, todavía tropieza con prejuicios y omisiones. “Mi intención es que nos vean como personas dignas, pero todavía falta mucho”, admite.

Recuerda con fuerza el momento en que, en 2007, llegó junto a siete compañeras de Rivera y Tacuarembó al Hotel Kolping, ubicado sobre Bulevar Artigas, para un congreso de trabajadoras sexuales.

Ese roce con organizaciones estatales y no gubernamentales de la capital les dio un impulso inesperado: “Nos atrevimos a soñar con que podíamos, en algún momento de nuestras vidas, llegar a ser vistas como personas dignas”.

En Uruguay, la Ley 17.515 —promulgada en julio de 2002— reconoce el trabajo sexual voluntario como una actividad lícita, siempre que quienes lo ejerzan estén anotadas en el Registro Nacional y cuenten con libreta sanitaria.

Sin embargo, Karina señala que la “letra muerta” de esa normativa pesa más que su alcance real. “Si el Estado tuviera voluntad, pondría la ley a funcionar: sacaría al Ministerio del Interior del control, crearía una carátula específica en el BPS [Banco de Previsión Social], diseñaría protocolos de salud para nosotras. Sin eso, es una ley de letra muerta”.

La diferencia entre lo escrito en una normativa y lo que ocurre en la calle se percibe cada día: dueños de whiskerías o clubes que retienen cobros que deberían ir enteros a las trabajadoras, exigencias de consumir alcohol o drogas para “mantener el ritmo” de la clientela, y la obligación de atender gratis a “clientes amigos de la casa”.

“Hay compañeras que llevan cinco o seis meses pagando multas al dueño de un local porque se tomaron licencia para ser madres y, si no pagaban, no podían volver a trabajar”, ejemplifica Karina. Habla de historias que esconden una violencia estructural que para muchos es desconocida.

Dice que sintió una emoción parecida a un triunfo colectivo cuando los medios dejaron de llamarlas “prostitutas” y comenzaron a titular “trabajadoras sexuales”. “Cuando vi un titular que decía ‘trabajadoras sexuales’ me emocioné muchísimo porque digo: ‘Bueno, al fin nos reconocen’”, destaca, pero enseguida aclara: el lenguaje no lo es todo. Puede cambiar un encuadre periodístico, pero no desactiva el estigma ni las protege.

Es que la lucha no es solo en el plano simbólico. Desde 2007 Visión Nocturna ha trabajado en la reducción de la sífilis congénita entre miles de trabajadoras sexuales del interior, en aumentar la adherencia a los tratamientos para VIH, en la colocación de los métodos anticonceptivos de barrera, en la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y en el combate directo a la trata.

En este último punto Karina se detiene a destacar que fueron las trabajadoras sexuales las que lograron en estos años el procesamiento de más de 600 personas por diferentes delitos vinculados con la trata.

Trata de mujeres
El pasado miércoles 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas. En este marco jerarcas del Poder Ejecutivo celebraron la primera sesión del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas (CNTE) del período 2025-2030.

Sin embargo, Núñez critica que desde las instituciones no se incluye “la mirada de las trabajadoras sexuales en el combate y en la prevención de la trata”. “Creo que les iría mucho mejor que estar sentadas atrás de un escritorio esperando que le caigan las víctimas, porque los números que te dan es de las que llegan, no de las que están con nosotras en el territorio”, indica.

En este sentido relató lo que vivió cientos de veces en los territorios: “En realidad vienen a pedir ayuda. Se las tenés que sacar a algún proxeneta que la está medio matando, o te la tenés que esconder. O, si la vas a ayudar, tenés que llevártela de donde está”.

Para Karina el proxenetismo y la trata están institucionalizados: “Siempre estuvo institucionalizado, en todos los niveles del Estado”.

“Tenés al sistema de trata tan metido dentro de lo judicial y de lo policial, y tenés solamente a un equipo de cuatro o cinco personas que está solo en Montevideo para todo el país. Entonces, si tenés suerte y ligás de que sea lo suficientemente estruendoso el caso, ahí te lo puedan derivar. Pero están tan saturados, que ya actúan sobre los casos que son demasiado crueles”, manifestó sobre el funcionamiento actual de la articulación estatal contra la trata.

En adición, criticó que, en la mayoría de los casos, si se llega, se llega tarde. “Cuando ellos empiezan a traccionar, las redes de trata ya empiezan a movilizar todo, porque están tan metidas dentro del Estado, y tiene tanta gente comprada y tanta plata”, apuntó.

“He intervenido en 247 casos de trata y proxenetismo. Y estuve en 651 colaboraciones. De esas solamente pudimos rescatar a 33”, lamentó Núñez, que reconoce que no pudo hacer nada para ayudar a esas mujeres y que “el Estado no ha hecho nada por ellas tampoco”.

“Llegás hasta cierto punto judicial, por ejemplo, después de que declaran y eso, les daban [a las mujeres explotadas] hasta una semana nomás para estar en un hotel acá en Montevideo, después tenían que volver para allá para la whiskería. Si no conseguimos dónde y cómo pasarlas para otro lado, tienen que volver al mismo lugar. Entonces, ¿quién va a dar ese salto de confianza? ¿A qué? Al abismo”, expresó.

En el caso de explotación de menores, además, Karina aludió a que “las que corren riesgo de ir presas” son las propias trabajadoras sexuales. “Como persona mayor que está cerca del espacio y está en conocimiento, entrás en [el delito de] cohecho”, contió.

“Pero con los que les falsifican las cosas, que son los mismos que tienen 20 y 30 años metidos, nadie se mete con ellos. Y quieren que nosotras nos metamos. ¿Para qué? ¿Para que aparezcamos como la compañera del Chuy en una cuneta degollada a los dos días de haber declarado en contra de una red de trata de Treinta y Tres?”, manifestó.

Así, redobló: “Los que los cuidan [a los proxenetas] son los que están dentro del Estado y los que dicen que tienen que proteger a la ciudadanía, así que son ellos los que tienen que hacerse cargo. No nosotras, porque nosotras tenemos que cuidarnos entre nosotras; sobrevivir”.

Abolicionismo vs. realismo

Ante la trata y el proxenetismo, la corriente abolicionista dentro del feminismo plantea que el trabajo sexual no debería existir. En este sentido, si bien Karina tiene muchos peros con ese posicionamiento, que suele venir de sectores radicales, también admite: “La concepción del abolicionismo a mí me parece fantástica, porque yo también estoy en contra de todas las formas de opresión. Lo que digo es que no es real cuando tenemos un país que hay 70.000 personas que aportan al PBI dinero que surge de la oferta de servicios sexuales”.

“Me parece muy loable que no se quiera que existan, pero me parece muy doloroso que personas que nunca estuvieron en esto nos echen la culpa por una teoría de un libro que no refleja la realidad de nuestro país, que lleva 261 años de regulación de la prostitución”, consideró.

Para ella, esa visión suele combinarse con clasismo y aporofobia: “Se meten con las trabajadoras pobres, pero no con las de élite, las de OnlyFans, a quienes llaman emprendedoras o gestoras de contenido”.

La comparación le duele especialmente porque vio de cerca las diferencias: en una serie de entrevistas que tuvo con 25 productoras de contenido sexual o erótico —11 de ellas de OnlyFans— se enteró de que la menor inversión inicial para abrir cuenta y monetizar sus imágenes era de $ 90.000 uruguayos. “Y yo venía de Salto, donde unas compañeras intercambiaban sexo por un cajón de verduras”, cuenta Karina.

En esos diálogos escuchó de la boca de algunas de las mujeres que hacen contenido sexual para redes expresiones de rechazo, e incluso, de “desprecio”; “desprecio a lo que hacemos las pobres”.

Cuando se le pregunta si ve una luz al final del túnel, la respuesta es inmediata: “Nunca dejo de ver luces, porque, si no, no seguiría remando en dulce de leche, como vengo desde hace años. No hay ningún derecho que se haya logrado sin tiempo, lucha y sangre”.