Este martes 24 de marzo comienza en Río de Janeiro el juicio contra la abogada e influencer argentina Agostina Páez, imputada por un episodio de injuria racial ocurrido en un bar de Ipanema. La causa podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión.

El caso se originó el 14 de enero, cuando la joven de 29 años fue filmada mientras realizaba gestos asociados a primates y gritaba “Monos. Uh, uh, uh” hacia empleados del local. Las imágenes se viralizaron y dieron lugar a la intervención de la Justicia brasileña.

Desde entonces, Páez permanece en Brasil, sin autorización para salir del país y bajo monitoreo con tobillera electrónica. En los últimos días, tras un cambio en su defensa, publicó un descargo en el que pidió disculpas. “Tuve una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”, expresó.

La audiencia de este martes corresponde a la instancia de instrucción y juzgamiento, en la que expondrán la Fiscalía, la querella y la defensa. Según su abogada en Brasil, Carla Junqueira, la imputada no está obligada a declarar en esta etapa.

La Fiscalía sostiene que hubo tres episodios distintos de injuria racial durante el incidente. En la legislación brasileña, cada uno puede computarse como un delito independiente, lo que permite sumar penas.

El máximo previsto es de cinco años por cada hecho, lo que eleva la posible condena a 15 años. En el escenario mínimo, la pena podría llegar a seis años de prisión, lo que impediría la excarcelación. La defensa cuestiona esa interpretación y sostiene que no se trata de hechos separados.

En paralelo, busca que se revisen las medidas cautelares para que Páez pueda volver a Argentina mientras continúa el proceso.

En la previa del juicio, su padre, Mariano Páez, viajó a Río de Janeiro para acompañarla. “Anoche decidí viajar. Estoy yendo a Buenos Aires y luego a Río”, contó a La Nación Más. También cuestionó la posible condena. “Creo que el pedido de 15 años es una locura; no es un crimen”, afirmó.

Según relató, la situación impactó en la salud de su hija. “Ella está con depresión, está con psicólogos y psiquiatras”, sostuvo. También describió episodios de aislamiento: “Tiene pánico, ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”.

El hombre además apuntó a los costos del proceso. “Son insoportables los gastos. No sé hasta cuándo voy a llegar con el dinero”, dijo.

A eso sumó críticas por la falta de asistencia. “Nos sentimos muy solos; no tenemos el apoyo de nadie. No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”, aseguró. Según indicó, desde Cancillería le informaron que están al tanto del caso, pero que no pueden intervenir.

En paralelo al proceso judicial, la joven denunció haber recibido amenazas en redes sociales, incluso desde cuentas que se identificaban como vinculadas al Comando Vermelho. En uno de los mensajes difundidos se leía: “Te estamos esperando” y, en otro: “Estamos enfrente del apartamento donde te hospedás”.

También relató el impacto personal del caso en la previa del juicio. “La estoy pasando mal. Tengo demasiada ansiedad, no puedo dormir, estoy medicada”, afirmó en una entrevista radial. Según contó, tuvo que cambiar de domicilio tras la filtración de su dirección.

El tribunal brasileño comenzará ahora a definir su situación penal en una causa que tuvo alta exposición pública y que puede derivar en una condena de cumplimiento efectivo.