El diputado nacionalista Pablo Ituralde pidió una entrevista al presidente Tabaré Vázquez para advertir sobre los peligros de la utilización de la técnica del "fracking" en las tareas de búsqueda de petroleo previstas para el territorio de Paysandú.

Este martes, el diario El País consignó que organizaciones ambientalistas y vecinos del este de Paysandú se mantienen preocupados debido a la presencia de máquinas de la empresa Schuepbach Energy sobre el kilómetro 154 de la ruta 26. Se trata de las tareas exploratorias para intentar determinar si en ese terreno pueden encontrarse hidrocarburos.

A raíz de la preocupación en la zona, el diputado Iturralde, que participó del diálogo multipartidario sobre búsqueda de hidrocarburos, decidió enviar este mismo martes una carta a Vázquez en la que plantea su "preocupación en relación a la eventual realización de técnicas para posibilitar o aumentar la extracción de hidrocarburos en nuestro país que supondrían graves daños al medio ambiente".

El legislador recuerda al presidente que, si bien el diálogo multipartidario rechazó el fracking, "hasta el presente no se han aprobado ninguno de los proyectos de ley presentados por distintos legisladores, ni tampoco proyectos alternativos en la materia".

"De ninguna manera el suscrito va a poner en tela de juicio el compromiso asumido por el Sr. Presidente en las reuniones interpartidarias en las que se discutió la Política de Hidrocarburos en cuanto a la prohibición de la utilización de dicha técnica pero, dadas las gravísimas consecuencias que podría traer aparejado ese uso, se considera no debería dejarse librado a eventuales interpretaciones de los contratos firmados, muy especialmente cuando existen proyectos a estudio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en los que no se aclaran las técnicas a emplear y de la documentación suscrita tampoco surge expresamente la prohibición del ‘fracking'", plantea el legislador.

Iturralde también alerta sobre que esto podría generar problemas en tanto en la normativa vigente "no prohibió el uso de la técnica en forma expresa" y en los contratos firmados con las empresas el Estado uruguayo aceptó que "los eventuales diferendos que existan en cuanto a la interpretación de los mismos se someterían a la decisión de tribunales internacionales".