La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno solicitará la imputación de Carlos Pérez Lafone y Pedro Pérez Stewart, socios de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, en el marco de la investigación por la presunta maniobra de estafa que tiene como principal imputado al corredor Ignacio González Palombo y que dejó pérdidas millonarias a decenas de inversores.
La audiencia de formalización fue fijada para el próximo 10 de junio a las 14:00 horas, según una resolución firmada por la jueza letrada Diovanet Jeannette Olivera Cardozo que dio curso a la solicitud presentada por la fiscal Sandra Fleitas.
La decisión representa un nuevo avance en un expediente que ya derivó en la imputación de González Palombo por estafa, luego de una investigación que detectó una operativa mediante la cual se habría apropiado de fondos de clientes que confiaban sus inversiones a través de la estructura vinculada a Pérez Marexiano.
La posibilidad de imputar a los titulares de la corredora comenzó a tomar fuerza meses atrás. En diciembre de 2025, la Fiscalía ya había solicitado medidas limitativas contra Pérez Lafone y Pérez Stewart, incluidas la prohibición de salir del país, la retención de sus documentos de viaje y la obligación de fijar domicilio. En aquella audiencia, Fleitas sostuvo que habían surgido “indicios claros” del involucramiento de la empresa en la maniobra investigada.
Según informó entonces Montevideo Portal, la fiscal remarcó que González Palombo mantenía reuniones con clientes en las oficinas de Pérez Marexiano, un elemento que la Fiscalía consideró relevante para analizar la eventual responsabilidad de los directivos de la firma.
González Palombo fue detenido en agosto de 2025 tras ser denunciado por clientes que aseguraban haber perdido más de US$ 13 millones. Meses después, fue formalizado por estafa, mientras la Fiscalía continuó profundizando la investigación para determinar la eventual responsabilidad de otras personas vinculadas a la operativa.
En paralelo al expediente penal, el directorio del Banco Central del Uruguay resolvió la disolución y liquidación de la firma al concluir que existían graves irregularidades en su funcionamiento.