En los últimos días, los datos surgidos de una presunta auditoría a Gas Sayago, encomendada por UTE a la firma privada PriceWaterhouseCoopers (PWC), dio lugar a intensos debates políticos.

Pormenores de esa auditoría, difundidos en primera instancia por el matutino El País, daba cuenta de gastos señalados en rubros insólitos, como la compra de frutos secos, clases de piano o sesiones de yoga.

El lunes, el exvicepresidente de la República, y que fuera presidente de Ancap en tiempos en que se diseñó el proyecto Gas Sayago, dialogó con Informativos Sarandí y cuestionó la seriedad e idoneidad de dicha auditoría.

En la entrevista, Sendic dijo que la empresa había señalado como inexistentes documentos que -aseguró- se encuentran archivados en Ancap y también en la Comisión Parlamentaria que investigó oportunamente el caso.

En cuanto a las "clases de piano", señaló que la documentación de Gas Sayago no hace mención a piano alguno sino a la PIANC , una entidad internacional que fija normas y monitorea el manejo de buques en las instalaciones portuarias". Dicha entidad existe desde fines del siglo XIX y, dadas las características de Gas Sayago, resultaría totalmente comprensible que tuviera una membresía PIANC.

"Es increíble para un auditor, espero que lo otro no sea lo mismo, me parece bien que haya auditorías, pero tiene que haber seriedad, porque sino se desvirtúa todo, se ensucia la cancha y se pierde la confianza en lo que las investigaciones puedan establecer", dijo.

Al día siguiente de dicha entrevista, un artículo publicado en el periódico la diaria con la firma del periodista Federico Laitano, da cuenta de que "el documento presentado por PwC al directorio de UTE sobre el proyecto de la regasificadora y Gas Sayago no es una auditoría".

Esta información está explicitada en el propio documento, al que accedió el reportero. Allí se señala a texto expreso que "los procedimientos llevados a cabo no constituyen un examen de auditoría realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, ni podrán ser entendidos como tales".

En el documento se establece que el informe "fue efectuado siguiendo las instrucciones de nuestro cliente (UTE) y para el beneficio y uso exclusivo del mismo", y agrega que "los procedimientos llevados a cabo no constituyen un examen de auditoría realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, ni podrán ser entendidos como tales".

Tras conocerse esta nueva información, la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, dijo que acompañó con su voto la contratación de la auditoría en aras de la transparencia, pero que luego de la presentación que hizo la consultora propuso no efectuar el pago de 300 mil dólares, ya que "no se cumplió el objeto" de la contratación.

"Lo primero que me llama la atención es ver que la propia empresa nos está aclarando que era un informe, que no era una auditoría y que no había tenido acceso a toda la información necesaria», dijo Cardona en declaraciones a la emisora M24.

Cardona cree que la empresa "se limitó en la forma de trabajar", debido a que consultó solamente a las personas que UTE designó. Sin embargo, no atribuye "intencionalidad" a este hecho.
"Es preocupante que se diga que hay documentación inexistente", sostuvo la funcionaria, quien en ese punto coincidió con Sendic y recordó que todos esos documentos fueron remitidos a la Comisión Investigadora del Parlamento en 2017.

Por otra parte, Cardona señaló que antes de que la firma consultora presentara el informe, los directores oficialistas de UTE Sergio Peés Bos y Felipe Algorta "coordinaron" con la empresa contratada, algo que "vició" el proceso.

A ese respecto, apuntó que el propio documento advierte que no se trata de una auditoría, por lo que "me está avisando que no es lo que yo contraté".