Un reciente informe de inteligencia de Bolivia reveló la creciente influencia de dos organizaciones criminales vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC) —una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica— y su disputa territorial con otros grupos por el control de rutas del narcotráfico.
Los protagonistas son el uruguayo Sebastián Marset y el boliviano Yasser Coco Vásquez, cuyas redes operan principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni y son señaladas como parte de un corredor criminal transnacional en expansión.
Según el documento citado por el medio boliviano El Deber, tanto Marset como Vásquez mantienen una alianza con el PCC, conexión que les permite acceso a rutas, armas y contactos internacionales, al tiempo que los coloca en una confrontación directa con otros grupos locales que buscan el control de territorios estratégicos para el tráfico de drogas.
El informe detalla varios hechos recientes que dan cuenta del nivel de violencia alcanzado por estas organizaciones. El 16 de setiembre, Vásquez difundió un video desde Beni en el que rechazó las acusaciones en su contra, pero lanzó amenazas contra autoridades judiciales y policiales.
Días después, el 23 de octubre, otro video mostraba a Marset junto a varios hombres armados, símbolos del PCC y mensajes intimidatorios hacia su exsocio el Colla. La escalada de violencia tuvo su punto más visible con el asesinato de Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón, quien fue acribillado en una plaza pública.
Las autoridades también investigan la posible infiltración institucional de estas redes. El informe menciona un proceso abierto contra miembros de la Armada y de la Policía boliviana acusados de participar en un caso de sicariato ocurrido en Santa Ana de Yacuma.
La inteligencia boliviana advierte que parte de las operaciones criminales podría estar beneficiándose de información interna proveniente de las fuerzas del orden.
Entre las consecuencias más graves, el documento contabiliza al menos una docena de secuestros registrados en 2025 en la zona del Chapare, Cochabamba, atribuidos a estructuras asociadas a Vásquez, además de múltiples asesinatos por encargo en distintos puntos del país.
Los analistas advierten que estos hechos responden a una pugna por las rutas de salida de la cocaína hacia Brasil y Paraguay, con vínculos logísticos en Uruguay y en el norte argentino.
Frente a este escenario, el informe recomienda declarar la alerta máxima en los departamentos de Santa Cruz y Beni, fortalecer la coordinación entre la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, y establecer canales de cooperación internacional con Brasil e Interpol.