Uruguay informó el martes a organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre los avances en el proceso en Roma por la muerte de ciudadanos de origen italiano en la "Operación Cóndor", una acción coordinada por las dictaduras en el Cono Sur entre 1970 y 1980 para acabar con opositores.
Durante un encuentro con activistas, el canciller Luis Almagro detalló que las primeras audiencias de este proceso en Italia se celebraron en octubre y noviembre "contra 16 acusados uruguayos", cuya "situación legal está bajo investigación de las autoridades judiciales de ambos países".
Almagro se reunió el martes, entre otras organizaciones, con Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
El objetivo de la reunión fue compartir con las "autoridades nacionales" información sobre la "situación de los procedimientos judiciales de los que es parte el Estado uruguayo en Italia".
En el encuentro participaron la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Graciela Jorge, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira, la diputada Daniela Paysée, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y otros representantes de la sociedad civil.
Almagro informó acerca del "papel del Estado uruguayo" y de la embajada en Roma como "contrapartes para la recolección de información, envío y recepción de documentos judiciales y asesoramiento legal a las víctimas y familiares".
En ese sentido, el canciller destacó que el Estado uruguayo "ha recopilado, traducido y legalizado documentación de alta sensibilidad que fue remitida a Roma" en forma previa al inicio de las audiencias, señala el comunicado.
Durante esa etapa, la Fiscalía de Roma solicitó el enjuiciamiento de 35 miembros de las juntas militares y de los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte de una veintena de ciudadanos de origen italiano en la Operación Cóndor.
Durante la primera instancia judicial, el Estado uruguayo, el Estado italiano, víctimas y familiares de doble nacionalidad "fueron reconocidos como parte civil", agrega la nota.
Una segunda instancia, en el mes de noviembre, tuvo lugar para que el juez italiano "considerara y contestara" excepciones de forma presentadas por la defensa de los acusados. El proceso judicial continúa.
El Estado uruguayo afirmó que "seguirá trabajando" en ambos procedimientos y manifestó su "total disposición" a mantener informados a los familiares y la sociedad civil sobre la evolución de los mismos.
Según la Comisión para la Paz, creada para investigar las violaciones a los derechos humanos, la dictadura en Uruguay dejó 38 desaparecidos, aunque en Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una.
(Fuente: EFE)