El gobierno de Yamandú Orsi prepara una ampliación de la denuncia penal contra el astillero español Cardama por una presunta estafa después de haber firmado un contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones para la construcción de dos patrullas oceánicas.

Hoy 18 de noviembre la ministra de Defensa, Sandra Lazo declaró en rueda de prensa que “amerita hacer una ampliación” sobre la denuncia del gobierno respecto al caso.

 Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional en diálogo con Montevideo Portal, afirmó que “siguen equivocándose” con el caso Cardama, en referencias a los dichos de la ministra.

“No se puede hacer una denuncia penal por un delito cometido en el exterior, un principio básico del derecho penal es que es territorial, se puede denunciar en el lugar donde se cometió el delito”, comentó Bianchi, y agregó que, si se amplía la denuncia en Uruguay será contra funcionarios del país, y habrá que esperar, en cambio si se habla de la falsificación de la firma del escribano, el hecho ocurrió en España.

En línea con lo anterior, Bianchi afirmó: “Es el principio de territorialidad el que rige el derecho penal, lo que pasa es que no conocen el derecho”.

Por su parte el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, declaró a Montevideo Portal que: “El gobierno está discutiendo la letra chica de un contrato mientras la gente enfrenta problemas mucho más urgentes. La seguridad, el costo de vida, la convivencia en los barrios. Es como si el gobierno estuviera mirando un expediente en vez de mirar la realidad” y añadió que “la vida de la gente no se resuelve con pericias ni prórrogas, se resuelve con gestión”.

En línea con lo anterior sostuvo que los problemas de la gente no están en Cardama, sino en la calle y que mientras empresas cierran y ciudadanos uruguayos quedan sin trabajo, el gobierno se detiene “por un contrato de algo que sí se está realizando”.

Cedida a Montevideo Portal