El gobierno anunció este viernes una suba del 7% en el precio de los combustibles a partir de este miércoles 1º de abril, tanto para el gasoil, el supergás y la nafta, lo que generó la reacción inmediata de distintos actores políticos de la oposición.
El precio de la nafta súper desde el 1º de abril será de $ 82,27 (un aumento de $ 5,39), y el del gasoil 50S será de $ 50,63 (un aumento de $ 3,31), indicó el gobierno a través de un comunicado conjunto de ambas carteras. El supergás, en tanto, quedará en $ 94,65 (un aumento de $ 6,19).
El exsubsecretario de Industria, Walter VerrI, quien estuvo en su cargo en el gobierno de Luis Lacalle Pou, dialogó sobre la medida con Montevideo Portal y aseguró que “hay una variable internacional que el gobierno no maneja”, debido a que se puso un “corsé” al cambiar la metodología de ajustes del precio del combustible.
En mayo de 2025, la administración liderada por Yamandú Orsi determinó que los ajustes en combustibles sean de manera bimensual, algo que fue cuestionado por VerrI, ya que el método que se estaba utilizando previo al anuncio de este gobierno —que consistía de un ajuste mensual— “venía funcionando bien”.
Para el hoy diputado por el Partido Colorado, las modificaciones “le están jugando en contra y no da previsibilidad”. “Le quita certezas porque ellos mismos incumplen lo que dijeron que iban a hacer”, mencionó.
En la misma línea, explicó que realizar los ajustes cada dos meses “descalza aún más la diferencia de precios”, debido a que “la brecha se mantiene más tiempo por debajo del precio de paridad de importación”.
“Lo que hay que tener claro es que el gobierno solo se metió en este lío, dijo que iba por un camino que hoy tiene que incumplir”, reafirmó.
“No da certezas el gobierno, que cambia las propias reglas que ellos mismos generan. Entonces, eso no es creíble”, insistió Verri.
Además, el exviceministro señaló que, si bien es difícil proyectar cómo habría actuado en el contexto actual, durante su gestión se aplicó el sistema de Precio de Paridad de Importación (PPI), con ajustes mensuales. Explicó que, cuando la situación financiera de Ancap lo permitía, se resolvía fijar los precios por debajo de ese indicador, absorbiendo el desfasaje en la empresa estatal en lugar de trasladarlo directamente a la ciudadanía. Con esa metodología —explicó—, el margen de diferencia era acotado a períodos cortos, lo que permitía prever el impacto económico.
En relación con el escenario actual, marcado por la inestabilidad internacional, consideró que cualquier decisión debe evaluarse con cautela, aunque remarcó que el Estado deberá asumir parte del costo para evitar trasladar completamente las subas al precio de los combustibles.