El gobierno ratificó este domingo su decisión de avanzar con el proyecto Casupá en la cuenca del arroyo homónimo, una de las principales iniciativas de infraestructura hídrica en estudio para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana.

Así lo expresó el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en el marco del cierre de la Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista, en la Huella de Seregni, donde respondió a los cuestionamientos formulados por el senador del Partido Nacional, Martín Lema.

El legislador había solicitado la suspensión preventiva de los procesos de licitación y de las actuaciones vinculadas al proyecto, al considerar que aún no se cuentan con los estudios de impacto ambiental necesarios.

Ortuño descartó esa posibilidad y manifestó que el gobierno no modificará el rumbo previsto. “No solo no vamos a detener el proyecto, sino que vamos a avanzar”, afirmó, al confirmar que durante junio se realizará el llamado a licitación.

El ministro argumentó que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la seguridad hídrica del país tras la crisis de 2023, cuando el área metropolitana enfrentó dificultades en el suministro de agua potable.

“Una necesidad probada es asegurar el abastecimiento de agua potable para que no se repitan situaciones como las que se vivieron”, señaló, al defender la construcción de una represa que permita incrementar las reservas de agua dulce disponibles en períodos de sequía.

En esa línea, sostuvo que el proyecto cuenta con respaldo técnico acumulado desde hace décadas y que su implementación se enmarca en la planificación de largo plazo del sistema de abastecimiento.

Uno de los ejes del intercambio político estuvo centrado en la relación entre el avance administrativo del proyecto y la evaluación ambiental en curso. Lema había advertido que el proceso resulta “absolutamente improcedente e institucionalmente riesgoso” sin contar con todos los estudios concluidos.

Ortuño rechazó ese planteo y aseguró que no existe contradicción entre ambas etapas. “No solo no hay contradicción en avanzar con el llamado a licitación en la protección del ambiente, sino que es absolutamente compatible”, afirmó.

El ministro también aludió al artículo 47 de la Constitución, señalando que el Estado debe proteger el ambiente pero también garantizar el acceso al agua potable como prioridad.

De ese modo, cuestionó la postura de la oposición al señalar diferencias con decisiones adoptadas en el período anterior. Recordó el caso del proyecto Neptuno-Arazatí, donde el llamado a licitación se realizó antes de la aprobación del estudio de impacto ambiental.

“Se hizo el llamado a licitación en marzo de 2023, recién se presentó el estudio de impacto ambiental a principios de 2024 y la autorización ambiental se otorgó en diciembre de 2024”, indicó, al marcar lo que considera un antecedente de procedimiento similar.

Ortuño afirmó que el gobierno no replicará esa secuencia sin controles ambientales. “Lo que sí debe quedar claro es que no va a haber construcción de la obra sin autorización ambiental”, subrayó.

El Ministerio de Ambiente trabaja actualmente en la actualización de los estudios técnicos del proyecto, en coordinación con OSE, la Universidad de la República y equipos independientes. Según explicó el jerarca, el objetivo es incorporar nuevos insumos para definir medidas de mitigación y protección ambiental antes de la adjudicación de la obra.

En paralelo, el proceso de expropiaciones continúa bajo la órbita de OSE. Ortuño explicó que ya se alcanzó un acuerdo con uno de los propietarios afectados y que se prevé avanzar durante junio en nuevas negociaciones con vecinos de la zona.

“Es un proceso que lleva adelante OSE con todas las garantías y con mucho diálogo en el territorio”, señaló.