El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, anunció este miércoles una batería de medidas para “facilitar” los procesos de comercio exterior y las inversiones.

“En línea con el rumbo del gobierno para aumentar las inversiones en el país, las medidas, que buscan generar regulaciones más eficientes, se basan en siete principios básicos”, reza el comunicado difundido por la cartera. Estos son: i) revisar gravámenes, sustituir certificados por declaraciones, eliminar licencias administrativas, digitalizar, optimizar instrumentos, mejorar procesos de registro de productos regulados y cambiar intervenciones preceptivas por optativas.

Según estimaciones realizadas por la secretaría de Estado, estas iniciativas permitirán una reducción de los costos en comercio exterior de unos US$ 20 millones aproximadamente.

“Las medidas impactan sobre el 75% de unos 800.000 documentos que se integran al comercio exterior. Se elimina un 25% de los documentos, se digitaliza un 29%, se sustituyen por declaraciones un 7% y se mejoran en sus procesos un 15%”, indica el texto.

Las medidas fueron anunciadas por Oddone junto con la directora nacional de Zonas Francas, Isabella Antonaccio; el director de la Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y Álvaro Lalanne, asesor de la materia.

El titular del ministerio ya había adelantado la presentación de estas iniciativas; si bien aseguró que “van en la dirección de atacar” el alto costo de vida en Uruguay, reconoció que “no son grandilocuentes” y “no lo van a resolver” o “eliminar”.

Revisar gravámenes

La primera medida propone disminuir en un 20% la tasa actual del impuesto LATU a las exportaciones no tradicionales. Se incluirá en la próxima ley de Presupuesto y, si se aprueba, comenzará a implementarse a partir del 2026. Esta medida implica un ahorro de U$S 3,5 millones por año para los exportadores de bienes.

En segundo lugar, el MEF propuso eliminar la tasa ANSE a las importaciones vía marítima, ya que “desde hace varios años no existen beneficiarios” del sistema. Esta iniciativa también será incorporada en la ley de Presupuesto y su eliminación implica un ahorro de US$ 8 millones anuales para los bienes que usan el puerto de Montevideo.

La tercera medida de este bloque pretende eliminar anticipos diferenciados de IRAE e IVA ventas a las materias primas de uso industrial. “La eliminación de estos anticipos implica un ahorro de US$ 3,1 millones anuales para el comercio y la industria orientada al mercado doméstico”, señala el comunicado del MEF.

Sustituir certificados por declaraciones

La primera medida de este bloque busca eliminar “certificados negativos”. “Cuando a un organismo no le corresponde controlar determinado producto que se clasifica igual que uno al que sí le corresponde, se le expide un certificado indicando que ese producto no requiere control”, indica la Secretaría de Estado, al tiempo que acota que estos procedimientos involucran más de 30.000 operaciones de comercio exterior. Con la sustitución se establecerá un nuevo procedimiento a través de declaraciones juradas “a los efectos de no sobrecargar a los operadores ni a los organismos de control con trámites innecesarios”. Esta iniciativa implica un ahorro de US$ 200.000 anuales para los operadores.

Como segundo punto, el MEF buscará promover la autocertificación de origen, es decir, una declaración jurada que demuestre que un producto fue elaborado según las reglas establecidas en los acuerdos comerciales “y, por lo tanto, puede beneficiarse de la rebaja de aranceles”. Este ítem es un requerimiento del pacto entre el Mercosur y la Unión Europea e “implicará un importante ahorro para el sector exportador”, así como una reducción de papeles a presentar en Aduanas para el comercio exterior.

En tercer lugar, se prevé eliminar “la duplicidad del no competitivo de la industria nacional en proyectos de inversión”. “Actualmente el trámite exige la presentación de la misma prueba en dos momentos distintos del proceso, lo que genera ineficiencia y costos innecesarios. Se harán ajustes en este trámite de forma que, si los inversores requieren de certificados de productos no competitivos con la producción nacional, gestionen solo una vez este certificado”, asevera el comunicado del MEF.

Eliminar licencias administrativas

La única propuesta de este bloque establece que las licencias administrativas se utilizan para tener más información sobre la cantidad de productos que entran a un mercado, algo que el MEF tilda de “costos de importación injustificados”. Asimismo, Uruguay tiene “compromisos internacionales para su eliminación”.

De esta manera, este año se eliminarán las licencias que aplican a algunos alimentos para su importación desde Argentina. “De forma general, se prevé eliminar este tipo de instrumentos que redundan en casi 200.000 certificados por año”, indica el Ministerio de Economía.

Digitalizar

Como primera medida se pretende impulsar la digitalización de documentos asociados a las operaciones de comercio exterior. “Se concretará la digitalización de los certificados fitosanitarios a la exportación y la importación de vegetales” emitidos por el Ministerio de Ganadería. A su vez, se promoverá “una mayor interoperabilidad” con plataformas de otros países “para que se intercambien electrónicamente y se elimine su emisión en papel”, cambio que involucra a más de 65.000 operaciones de comercio exterior por año y permitirá ahorrar directamente US$ 1,7 millones.

Por otro lado, todas las operaciones terrestres requieren un documento en papel “con varias vías”. Según el MEF, este año se concretará la validez jurídica de la declaración electrónica de carga terrestre en el Mercosur por parte de las aduanas; de todas formas, la cartera impulsará que, en los próximos años, todas las instituciones del gobierno uruguayo utilicen la modalidad electrónica y se elimine la emisión del manifiesto de carga impreso, modificación que eliminará el 16% de los papeles involucrados en el comercio exterior y optimizará la gestión de fronteras.

Optimizar instrumentos

El MEF buscará promover la simplificación del procedimiento de prórrogas de admisión temporaria; actualmente requieren intervención del MEF, Ministerio de Industria y Presidencia. Ahora, el trámite quedará únicamente a cargo de esta segunda cartera, que será la responsable de habilitar la operación original.

Como segunda medida dentro de este punto, la Secretaría de Estado quiere hacer una “implementación efectiva” del drawback, herramienta que le permite a las pymes obtener una devolución por las tasas o tributos aduaneros pagados por la importación de insumos en caso de que logren concretar una exportación. “Se ajustará su decreto reglamentario a los efectos de que sea un mecanismo viable” para dichas empresas, establece el MEF.

Mejorar procesos de registro de productos regulados

La única propuesta dentro de este bloque concierne a la facilitación de registros en productos con vigilancia sanitaria. A entender del Ejecutivo, dichos productos requieren de un proceso de registro previo “que tiene oportunidades de mejora para que no sean una barrera de entrada”.

“Una gestión más moderna en los registros permitirá, sin dejar de lado la vigilancia sanitaria, mayor competencia, menos papeles innecesarios, trámites más ágiles, mayor transparencia”, asegura el Ministerio de Economía y Finanzas.

Así, dicha Secretaría de Estado coordina tanto con el Ministerio de Salud Pública como con el de Ganadería para digitalizar el proceso, aumentar el plazo de vigencia de los registros y reconocer ensayos y certificaciones internacionales, entre otras acciones.

Cambiar intervenciones preceptivas por optativas

Por último, el MEF promueve la eliminación de la intervención preceptiva del despachante de aduana en las operaciones “de menor cuantía”.

De esta manera, se modificará el Código Aduanero en la ley de Presupuesto para que las exportaciones menores a U$S 15.000 y las importaciones y tránsitos menores a U$S 10.000 puedan optar por hacer directamente los despachos de comercio exterior.

Esta medida “permite que las personas físicas y jurídicas recurran a estos gestores y asesores solo cuando lo estimen necesario”, asegura el MEF en el comunicado. Así, las pymes son los principales beneficiarios.