Esta semana, el periódico La Daria divulgó conversaciones que el excustodio presidencial hoy detenido, Alejandro Astesiano, mantuvo el año pasado con un funcionario policial no identificado. En ese intercambio, que se prolongó entre enero y julio, el policía compartió información sobre alumnos y docentes del Liceo 41 —sito en Cerrito de la Victoria— y pidió a su interlocutor que interviniera ilegalmente los teléfonos de esas personas.
El policía en cuestión aseguraba que en ese liceo se preparaba un “escrache” y aseguraba que los estudiantes estaban influenciados por la “izquierda chilena”.
“No sé si vas a poder leer todo eso, pero te mandé para que vos te informes. Eso ya está acá, lo están usando los movimientos feministas y todo ese tipo de cosas, en los liceos. Hay gurises de 14, 15 años que ya están militando con eso. Es preocupante porque es una cosa que va a ser complicada para el gobierno nuestro”, decía el policía, agendado en el teléfono de Astesiano bajo el nombre de Marcelo Baiano
no suceda en Uruguay lo mismo que pasó en Chile con la “ultraizquierda”.
“Te pasé las capturas de pantalla, ahí podés ver arriba que dice Funa (término que en Chile tiene un significado similar al de escrache) de Liceo 41, es el que está en San Martín y León Pérez. Se ve que están usando a esos guachos que viven en los cantes y están medio descerebrados. Perdoname la expresión pero es así”, escribió el policía.
“¿Te interesa? Para mí tendría que ser. Si te interesa, tengo números de teléfono, tengo todo, cosa que puedas intervenir todo y tener una imagen más amplia de eso”, propuso.
“Sí, claro que sí”, escribió Astesiano, y luego remarcó su interés en un mensaje de audio. “Sí, Marcelo. Doy la orden urgente”. Al recibir la respuesta afirmativa, el interlocutor compartió el nombre y teléfono de una docente y “delegada sindical” del liceo 41, y el de otra profesora, de quien todavía no había conseguido el número. Finalmente, en dos mensajes consecutivos, el policía compartió con Astesiano los nombres de pila y números de celulares de 12 alumnos de tercer año del turno matutino, según detalla el citado medio.
Reacciones de repudio
Tras la publicación de La Diaria, sindicatos de educación Secundaria manifestaron de inmediato su repudio.
En un comunicado firmado por el núcleo sindical del liceo 41 y la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo, los docentes denuncian “el uso y abuso del aparato estatal para perseguir a aquellas personas que son consideradas ‘enemigas’, lo cual consideramos que es una práctica antidemocrática, que atenta contra los derechos, garantías y libertades individuales en el marco de un Estado de Derecho”.
Asimismo, consideran que estos episodios “se enmarcan en los elementos ya denunciados por nuestro sindicato de persecución y criminalización a estudiantes y docentes, atacando la laicidad, la libertad de cátedra, la libertad de opinión, expresión, prensa, asociación y demás derechos establecidos por la Carta internacional de los DDHH y la Constitución de nuestra República”.
Por tanto, denuncian “la vulneración de los derechos de los estudiantes menores de edad involucrados y el apoyo a las familias si deciden tomar medidas administrativas o legales” y exigen a las autoridades de la educación “tomar cartas en el asunto, investigar el hecho, informar a las familias y ofrecer asesoramiento a estas y a los/las estudiantes”.
El sindicato exhorta también “a todo el espectro político y mediático a colocar como prioridad el preservar la identidad de estudiantes menores de edad, considerando las posibles repercusiones que pueda haber en sus vidas” por la situación antes descrita.
En similares términos se expresó la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES).
“Estamos en presencia de una inequívoca persecución política, en la que entran en juego funcionarios de seguridad del estado de varios escalafones”, denunciaron desde el sindicato.
“Mientras más se conoce de las comunicaciones de Astesiano mas queda en evidencia que el custodio presidencial apenas era un engranaje de una maquinaria más grande, en la que operan toda una serie de agentes”, aseguran desde la entidad, al tiempo que criticaron lo que entienden el uso de “la tecnología represiva al servicio de eliminar o neutralizar adversarios: partidos, gremios estudiantiles, sindicatos, militantes”.
Para ATES, “es innegable que la utilización de los medios del estado para pesquisas de carácter ‘extraoficial’ constituye un delito con múltiples autores”.
Finalmente, el comunicado condena “el silenció de las autoridades del Codicen de la ANEP enfocado en una reforma educativa inconsulta y regresiva” y exige que “se determinen las responsabilidades, administrativas y políticas” en el caso.