El abogado Juan Pablo Decia, en representación de las víctimas del caso Conexión Ganadera, presentó un escrito ante la fiscalía especializada en Lavado de Activos para solicitar que se amplíe la formalización contra Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, y que se le impute un delito de lavado de activos.
En julio de este año, Cabral fue imputada por un delito continuado de estafa en calidad de autora. Sin embargo, según el escrito presentado por la defensa coadyuvante, existen nuevas evidencias que justificarían ampliar la cantidad de hechos ilícitos.
En el documento, al que accedió Montevideo Portal, Decia argumentó que la mujer realizó una transferencia de US$ 205.000 desde su cuenta personal a la de su hija Candelaria Basso para comprar un inmueble rural en Lavalleja, utilizando fondos de cuentas de su esposo fallecido.
El abogado sostiene que esa operación debe entenderse en el contexto del rol que Cabral cumplía dentro de Conexión Ganadera, en la cual era socia y, además, la única representante legal de una sociedad civil denominada “Don Coraje”, que posteriormente se determinó que no existía formalmente.
Según la sentencia dictada en el concurso necesario de Cabral, la Justicia Civil estableció que ella “desarrollaba actividad empresarial en el marco del grupo económico Conexión Ganadera que conducían Gustavo Basso y Pablo Carrasco, cumpliendo un rol absolutamente relevante como tomadora de ganado a través de una inexistente sociedad civil”.
En el escrito presentado este 4 de noviembre, Decia señaló que entre enero y marzo de 2025, Cabral recibió depósitos por un total de US$ 1.112.393 en su cuenta personal del banco Scotiabank, realizados por la empresa Gladenur SA, uno de los tomadores externos de Conexión Ganadera.
Esas operaciones se produjeron, según el documento, cuando la compañía ya se encontraba en cesación de pagos, con el concurso declarado y con la imputada embargada por la Justicia.
El informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, incorporado a la carpeta, da cuenta de esas transferencias. Para el abogado de las víctimas, esa evidencia, junto con la compra del campo a nombre de la hija de Cabral, permite inferir la existencia de una maniobra de lavado de activos “en la modalidad de transferencia”, prevista en el artículo 30 de la Ley N° 19574.
El escrito también solicita a la Fiscalía que, en caso de ampliarse la formalización, reclame la prisión efectiva de Cabral y no la prisión domiciliaria, al entender que esa medida “no neutraliza los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación”. Decia pidió que se aplique el mismo criterio que el utilizado para solicitar la prisión de Ana Iewdiukow.
A principios de octubre, Decia solicitó el cambio en la medida cautelar de Cabral, pero fue rechazado en ese momento. La Justicia argumentó que no podía considerar a la imputada culpable de delitos sin juicio previo y sentencia condenatoria ejecutoriada y que el inmueble habría sido adquirido en fecha anterior a los hechos que se le atribuyen.