El Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau) en Maldonado hizo pública una denuncia sobre lo que describe como una situación “urgente” y “grave” que atraviesa el personal del departamento.

Según el comunicado, desde hace más de un año advierten episodios de “hostigamiento” por parte de la actual dirección departamental, así como “prácticas de negligencia institucional” que “ponen en riesgo no solo a los niños, niñas y adolescentes” atendidos, sino también a los propios trabajadores.

Suinau sostiene que la institución ya se encuentra en un contexto crítico, especialmente en servicios de 24 horas, y que en Maldonado la situación se vuelve aún más compleja debido a las formas de gestión aplicadas por la dirección departamental. Según indican, ante episodios “muy tristes y sensibles” que requerían un abordaje profesional coordinado, no se actuó como correspondía y el equipo quedó “librado a su propia suerte”.

En el texto difundido, los trabajadores sindicalizados enumeran, además, “prácticas y lineamientos de trabajo” que no responden a protocolos institucionales y que incluso “van en contra de derechos básicos” de las infancias. También denuncian presiones para modificar intervenciones técnicas que, de concretarse, podrían profundizar la mencionada vulneración de derechos.

Suinau también denuncia que, pese a intentar intercambiar con la dirección departamental sobre la situación laboral, episodios de acoso y prácticas que consideran preocupantes, “se ha filtrado información que derivó en represalias contra quienes intentaron denunciar”, reclaman.

Ante este panorama, el sindicato demanda una intervención inmediata de las autoridades competentes para poner fin a las “arbitrariedades” en la gestión, así como también que se adepten medidas que aseguren el cumplimiento de los reglamentos y protocolos vigentes.

“Exigimos que se asegure la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes y el restablecimiento de condiciones laborales dignas para el personal. […] No podemos ni queremos ser cómplices de decisiones que ponen en peligro a las infancias y adolescencias, ni de prácticas que quiebran la integridad profesional y emocional de quienes trabajamos por su protección”, finaliza el texto difundido.