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Política

Contenedor y cuchillo

Presidente de ANP autorizó a Montecon a funcionar en el régimen que Ferrés tilda de ilegal

En 2021, mientras se tramitaba un permiso por un canon inferior al original, Curbelo permitió a la empresa usar el sistema de almacenaje.

02.08.2022 12:18

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2022-08-02T12:18:00
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Por Paula Barquet

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, autorizó en este período que Montecon ocupara un espacio del Puerto de Montevideo bajo el sistema de almacenaje, que varias autoridades del gobierno han criticado y tildado de irregular e ilegal, mientras se tramitaba un permiso de un año. A su vez, se le permitió a la empresa pagar un canon más bajo del que se había acordado en el permiso original, con lo cual pasó de aportar 57.492 USD a 35.200 USD por mes.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Montevideo Portal, desde 2016 Montecon tenía vigente un permiso para la explotación del llamado Depósito 20 y sus áreas adyacentes, una superficie de 8.052 metros cuadrados en el puerto capitalino. En agosto de 2020, cuando se acercaba el vencimiento del permiso —lo que ocurriría en enero de 2021—, la empresa hizo llegar a la ANP una nota en la que solicitaba una prórroga, y en la que planteaba bajar el canon. Un deterioro del negocio de los depósitos logísticos intraportuarios y una fuerte competencia de otras alternativas logísticas, como zonas francas, eran parte de la argumentación para rebajar el precio. Además, Montecon advertía que la propuesta tarifaria estaba en el orden de lo que pagaban otros depósitos, y aclaraba que el nuevo valor incluiría los costos de mantenimiento del lugar —mejoras que ya se habían hecho, del entorno de los 300.000 USD—.

El pedido fue recorriendo las distintas oficinas de la ANP y todas las divisiones (operativas y comerciales) le fueron dando el visto bueno, hasta que llegó al directorio, que lo analizó en setiembre de 2020. Allí, a pedido de la oposición, se decidió pasar el tema al Área Jurídico Notarial para que analizara la legalidad de la diferencia entre el monto ofrecido y el que se abonaba hasta ese entonces.

El abogado Edgardo Amoza, gerente de esa área, evaluó la solicitud de Montecon a principios de octubre de ese año y concluyó que no se podía rebajar la tarifa como pedía la empresa porque el contrato inicial, celebrado a fines de 2015, establecía como condición expresa que el canon en ningún caso podría implicar para la ANP un valor inferior al acordado.

La respuesta del Área Jurídico Notarial ameritó que el expediente volviera a circular en las oficinas del ente, algunas de las cuales citaron los argumentos de Montecon para fundamentar su posición favorable y plantearon alternativas para lograr el acuerdo con la empresa como, por ejemplo, renovar por menor plazo. Sin embargo, en jurídica se mantuvieron firmes y se volvió a rechazar la solicitud, aduciendo que no se cumplía ninguno de los supuestos previstos para bajar el canon.

En los primeros días de noviembre, el directorio supo que el trámite no había prosperado. Pero el asunto no quedó allí.

Casi un mes después, según consta en los documentos, la gerencia general recibió una nueva propuesta de Montecon que dejaba sin efecto la solicitud inicial. Otra vez, la gerencia de la empresa daba sus motivos con base en el mal momento empresarial y expresaba sus intenciones para el Depósito 20 —lo que se llama consolidación y desconsolidación de mercadería, almacenaje y otros servicios habilitados por la Ley de Puertos—, solo que ya no querían renovar el permiso vigente, sino que solicitaban uno nuevo, ahora por un año, y con un canon de 35.200 USD: prácticamente el mismo que les había rechazado jurídica de ANP días atrás.

Otra vuelta

Una vez archivado el expediente de renovación, a fines de noviembre de 2020 se abrió otro con esa nueva solicitud.

Los plazos apremiaban, porque Montecon tenía permiso para ocupar el Depósito 20 hasta el 23 de enero. En esta oportunidad el trámite también avanzó —aunque con más celeridad— por las distintas divisiones de la ANP, que fueron dando el visto bueno y alentando a que se concretara. Finalmente, el pedido llegó al directorio, que el 21 de enero de 2021 resolvió otorgar el permiso tal como estaba solicitado. Se remitió la resolución al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Transporte.

Aunque los trámites posteriores tardarían bastante más que los dos días que quedaban de plazo con el permiso vigente, Montecon permaneció en el Depósito 20; no lo desocupó y siguió haciendo las tareas que venía ejecutando con el permiso anterior —consolidación y desconsolidación, almacenaje, y actividades previstas en la Ley de Puertos, además del mantenimiento del equipamiento— pero lo hizo bajo la figura de “almacenaje”, que en realidad no habilita dichas operaciones. Esa posibilidad fue expresamente avalada por la resolución del directorio del 21 de enero, tal como pudo corroborar Montevideo Portal.

Luego de varios procedimientos necesarios —actualización de planos, renovación de la póliza de seguro de incendio, entre otras cosas—, recién en agosto de 2021 se hizo entrega formal del área a las autoridades de Montecon, dueñas de un nuevo permiso de ocupación. Es decir, la empresa hizo uso del Depósito 20 durante siete meses sin haber concluido los trámites correspondientes, pero con el aval explícito del directorio.

En mayo de 2022, Montecon volvió a enviar una nota a Curbelo como presidente de ANP. En esta instancia pidió la renovación del último permiso —que establecía la posibilidad de prorrogarse por una sola vez— y no solicitó rebaja del canon. Ninguna de las divisiones del ente se pronunció en contra. Hasta donde supo Montevideo Portal, el trámite de renovación avanzó sin inconvenientes.

Almacenaje: ¿irregular o no?

La Ley de Puertos prevé que las empresas usen el espacio portuario por concesión (por períodos largos de hasta 30 años originalmente, 50 con la normativa actual, y con obligación de hacer inversiones) o por permiso. Este último título se da por lapsos más cortos (de hasta cinco años con posibilidad de prórroga) y sin obligación de invertir. Tanto por concesión como por permiso, las empresas tienen la posibilidad de hacer más actividades que solo depositar contenedores. Sin esos títulos, no deberían.

El almacenaje, en tanto, es el régimen por el que la ANP permite que cualquier empresa utilice espacio no concesionado o permisado (es decir, libre) para depositar contenedores y maquinaria. No otorga uso exclusivo del espacio y la ANP puede ordenar que se retire la mercadería en cualquier momento. En esta dinámica, la administración funciona como una suerte de inmobiliaria.

Desde que se instaló la polémica por el acuerdo que el gobierno firmó con Katoen Natie en 2021, y por el cual —entre otras cosas— se le otorgó a Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad en un 80 % de la empresa belga) la concesión de la terminal especializada hasta 2081, algunos exponentes del gobierno han defendido su accionar poniendo el foco en lo que se hizo en administraciones anteriores, aduciendo que el Frente Amplio es responsable de haber generado las condiciones para el reclamo. Sostienen que Montecon se benefició al usar espacios en el puerto sin las mismas exigencias que Katoen Natie e incumpliendo la Ley de Puertos.

En ese marco, han tildado de “permiso precario” el sistema de almacenaje que se viene usando hace décadas. Desde la oposición, en tanto, han dicho que el problema no es el almacenaje en sí, sino utilizarlo para avalar tareas que van más allá de lo que se prevé.

Según pudo saber Montevideo Portal, la directora vocal por el Frente Amplio en la ANP, Alejandra Koch, votó en contra de la resolución del 21 de enero de 2021 con el argumento de que al habilitarle a Montecon las tareas propias de un permiso, pero bajo el sistema de almacenaje, se desvirtuaba esa figura.

En el gobierno hay quienes entienden que la figura de almacenaje es, directamente, ilegal. El más enfático en este sentido ha sido el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. “Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación manifiestamente irregular e ilegal en el manejo de las áreas públicas del Puerto de Montevideo. A tal punto que, con solo eso, tuve la más firme convicción de que era muy difícil sostener una defensa en Estados Unidos en el juicio internacional. Me parecía absolutamente inconveniente, porque vi desde el origen una ilegalidad manifiesta e irregularidades consentidas por parte de las anteriores administraciones a una empresa en desmedro de otra. Vos nunca podés permitir ni avalar que se instale a prestar servicios portuarios una empresa en el Puerto de Montevideo si no es a través de los títulos habilitantes o actos jurídicos que establece taxativamente la Ley de Puertos. Es lo que pasó acá. Cualquier otra situación es irregular, ilegítima, absolutamente”, dijo en entrevista con El Observador.

Luego, en Fiscalía, citado como indagado por la denuncia del Frente Amplio, Ferrés ahondó y cuestionó que una empresa operara con un título habilitante (concesión y permiso) mientras que otra lo hiciera por “decreto de almacenaje”. “Para mí eso es ilegal”, afirmó ante el fiscal Gilberto Rodríguez tras la consulta de si el acuerdo con Katoen Natie alteraba la libre competencia en el puerto.

“Para que se pueda competir internamente en el Puerto de Montevideo, otra empresa de contenedores debe tener una concesión, tiene que haber un proceso competitivo transparente, tiene que pagar canon e invertir. El decreto de almacenaje que le permitió actuar durante más de 10 años a esta otra terminal de contenedores, no paga canon, no tiene que invertir como TCP. Está actuando por fuera de la ley”, enfatizó luego en rueda de prensa. Y agregó: “Las administraciones anteriores deberían hacer una autocrítica, mirarse para adentro y decir ¿qué pasó durante estos 10 años? ¿Por qué llegamos a esta situación?”.

Para Ferrés, “operar contenedores sin un título habilitante de la Ley de Puertos […] no solo es irregular, sino que es una vergüenza”.

En la misma línea se ha pronunciado el exministro de Transporte y actual del Interior, Luis Alberto Heber, que en abril de 2021 dijo en el Parlamento: “Montecon formaba parte de una situación ilegal”, porque “no tiene concesión y actúa en los muelles públicos con permisos precarios, compitiendo deslealmente”.

Justo mientras Heber decía eso, la ANP —bajo la presidencia del nacionalista Juan Curbelo— le permitía expresamente a Montecon usar espacio del puerto en régimen de almacenaje y, además, la habilitaba a hacer actividades de permisario bajo esa figura que en el gobierno consideran ilegal e irregular.

Digamos inconveniente

En sus declaraciones, a la hora de referirse a la figura del almacenaje, Curbelo no ha usado las mismas palabras que sus correligionarios. Sin embargo, sí ha planteado que no es lo más “conveniente”.

Presidente de ANP, Juan Curbelo, cuando concurrió a Fiscalía a declarar por el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie. Dante Fernández / FocoUy

Presidente de ANP, Juan Curbelo, cuando concurrió a Fiscalía a declarar por el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie. Dante Fernández / FocoUy

En agosto de 2021, justo cuando Montecon dejaba de explotar el Depósito 20 del Puerto de Montevideo bajo la figura del almacenaje y pasaba a hacerlo con permiso, Curbelo mencionó que en la administración pasada, en el directorio de la ANP que él integró como representante de la oposición, “se generó el comienzo de un orden de las distintas áreas del recinto portuario y, de esa manera, se establecieron dos permisos y una concesión”. “Entendíamos, y entendemos, que se tiene que trabajar y caminar hacia la eliminación de esta tarifa de almacenaje —más allá de que se haya modificado en 2016—, porque creemos que es más ventajoso y conveniente para la autoridad portuaria tener permisos o concesiones que, obviamente, representan una mejora en la recaudación”, advirtió.

Después, afirmó: “La ventaja comparativa que nosotros hemos logrado en su momento, y que ahora queremos seguir profundizando, obviamente hace a la mejora de la recaudación”. Tras especificar los valores aportados por permisarios y concesionarios, dijo: “Por lo tanto, desde el punto de vista financiero y económico —pero también desde el punto de vista del ordenamiento— ir hacia las concesiones y los permisos es el camino que estamos transitando; lo comenzamos durante el gobierno anterior, con la integración anterior del directorio, a partir del 2017. Esa fue nuestra postura y es la misma que mantenemos en este momento”.

En Fiscalía, semanas atrás, el presidente de la ANP se refirió al conflicto que protagonizan Katoen Natie y Montecon por el manejo del puerto capitalino, el cual conoce desde 2017 como director por la oposición. En ese marco, el fiscal le preguntó por sus relaciones con las empresas operadoras portuarias y dijo que las tenía “con todas”, pero aclaró: “Si se quiere, desde el punto de vista personal, tenía y tengo más vinculación con algunos funcionarios de la empresa Montecon que con Katoen Natie, pero eso no es relevante. Lo que sí intenté, sobre todo desde febrero del 17, fue lograr el mejor relacionamiento posible, entendiendo y conociendo las dificultades que existían y los reclamos que ya se habían formalizado”.

Luego, sobre la realidad portuaria, Curbelo dijo que “Montecon es un operador muy importante”. “Aspiramos a que siga, con las reglas del juego que nosotros entendemos que son las mejores para esta visión portuaria en la que creemos”, agregó, a lo que el fiscal Rodríguez le pidió que explicara esa “visión”, y él afirmó: “Nosotros creemos que se generó una serie de incumplimientos claros, muy claros, en lo que tiene que ver con la asignación de áreas y de espacios públicos en el puerto de Montevideo, sobre todo a partir de 2008 y hasta 2016”.

“El conflicto consistía en la asignación de áreas a partir de algunos decretos que nosotros entendemos que, por decirlo de alguna manera, se aplicaron mal”, dijo, en referencia a una norma de 2008 bajo la cual “se utilizó la tarifa de almacenaje” y se dieron permisos para posicionar contenedores, aun cuando la norma refería a cargas generales. “Y esos permisos se fueron llevando adelante o se otorgaban de forma automática durante 30 veces. O sea que, en los hechos, esos espacios estaban de alguna manera consignados a la empresa Montecon de forma permanente a través de estos permisos de almacenaje que, reitero, se iban renovando, renovando, renovando cada 90 días”, apuntó.

En 2016 se modificó el decreto para que refiriera explícitamente a contenedores y no a cargas generales, y para regular el depósito no solo por superficie, sino también por altura, con lo cual se “enmendó desde el punto de vista económico”, según Curbelo. El jerarca también explicó que “lo que se intentó y se logró fue comenzar tímidamente a ordenar y regularizar lo que se hacía en cuanto a la asignación de espacios”, y por eso se licitaron dos áreas y se dio permiso en una tercera. Dos de estas las ganó Montecon, y la otra Mediterranean Shipping Company.

Irregular era lo de antes

Consultado por Montevideo Portal acerca de si el sistema de almacenaje es ilegal —como dicen algunos de sus correligionarios— o no, Curbelo prefirió poner “el foco” en lo que sucedió entre 2008 y 2016, antes del cambio en el decreto.

“Llamémosle como quieran, pero esos fueron los años donde claramente existió, no solamente una irregularidad, sino que se cobró de una manera que afectó las arcas de la ANP”, insistió el jerarca varias veces durante la entrevista.

Ante la pregunta de cómo calificaría entonces el sistema de almacenaje que funciona desde 2016, respondió: “Yo sé a dónde querés ir y te lo voy a contestar, pero hay que tener claro que estamos en una actividad portuaria, que la actividad portuaria tiene que ser continua. Y que las situaciones tienden a corregirse sin perjudicar el funcionamiento portuario”.

Luego, Curbelo desarrolló la explicación que expuso en el Parlamento y en Fiscalía, y mencionó las tres áreas que se asignaron conforme a la Ley de Puertos en este periodo. “Nosotros tenemos que ir corrigiendo lo que sucede en las áreas públicas y tenemos que ir a que todas las áreas sean permisadas y concesionadas. Obviamente eso lleva un tiempo”, expresó.

“¿Cuál es nuestra aspiración?, ¿cuál es la definición y hacia dónde vamos a ir? Es un compromiso: que una vez que terminemos esta administración, no existan más estos permisos de almacenaje que en realidad es la utilización de una tarifa almacenaje”, anunció. “Podés decir ‘bueno, pero en definitiva todavía no se ha hecho, no se ha culminado’. Es cierto. No se ha culminado, pero es una decisión que tomamos y lo vamos a ir haciendo dentro de este contexto que tuvimos [la pandemia] y dentro de la normalidad del puerto”, agregó.

Sobre cómo se puede catalogar lo que ha ocurrido de 2016 en adelante, Curbelo evitó catalogarlo de “irregular”. Aunque Ferrés tildó de ilegal todo régimen establecido por fuera del marco de la ley de puertos, para el presidente del Puerto “no hay ninguna contradicción” entre ellos. Dijo: “La irregularidad fue en ese periodo de tiempo [2008-2016]. Acá está claro —hay simplemente que leer la ley de puertos— que los únicos títulos habilitantes son los permisos, las concesiones y las autorizaciones. (…) El almacenaje es una tarifa, que se utiliza de forma extraordinaria, y lo que nosotros estamos haciendo es revertirlo. No empezamos nosotros, empezó en el 2017, con medidas que yo acompañé porque me parecía que iban en el camino correcto. Lamentablemente, en 2020, cuando asumimos, el 21 de marzo o el 20 de marzo, ya estábamos en plena pandemia. Hubo dos años en los que las prioridades tenían que ver más con lo sanitario o que los puertos estuviesen abiertos, que con ordenar lo que lo que sucede en las áreas públicas. Esa es la verdad”, indicó.

Y agregó: “Si esa tarifa [de almacenaje] se utiliza de forma de adjudicar un área, es irregular; si la tarifa de almacenaje se utiliza, como tiene sentido, para brindar un suministro o un servicio, no es irregular. ¿Se siguen utilizando las áreas de almacenaje? Y bueno, alguna ha habido; estamos corrigiendo y lo vamos a corregir para que no se utilice más la tarifa de almacenaje de una manera distinta de la que está concebida, que es simplemente un cobro sobre un suministro que se da”.

Curbelo dijo no saber qué porcentaje del puerto capitalino, o de las empresas que operan en él, usan el sistema de almacenaje hoy, pero aseguró: “El espacio cada vez va a ser menor porque estamos apostando a otra definición portuaria”.

El uso extraordinario

La autorización que se le dio a Montecon en 2020 para ocupar el espacio del Depósito 20 bajo el sistema de almacenaje mientras se tramitaba el permiso de un año entra, para Curbelo, en la definición de “uso extraordinario”.

“No se sabía si eran 15 días o un mes o dos meses. Depende. Lo que sí sucede es que cuando son actos complejos llevan un periodo de tiempo porque la decisión pasa por el servicio descentralizado, por ANP, y después va al MTOP”, señaló Curbelo. “Se le cobró una tarifa de almacenaje; iba a ser —supongo, porque no estoy en el detalle de ese permiso— por unos días, por una semana o por lo que fuera, hasta que saliera el permiso. Es habitual en todos los permisos que se otorgan en el puerto de Montevideo”, agregó.

Luego dijo no estar al tanto de que en esos siete meses de trámites Montecon haya podido desarrollar tareas propias de un permiso, pese a que está expresamente habilitado en la resolución del directorio.

Según Curbelo, la decisión de conceder a Montecon ese uso extraordinario se tomó con el objetivo de no resentir la actividad. “Con cualquier depósito, lo que se intenta y lo que tenemos que hacer, es que siga operando dentro de la regularidad. Que siga funcionando, siga generando trabajo y siga empujando para el crecimiento de la actividad portuaria”, explicó.

Sobre la reducción del canon al cambiar de permiso, el jerarca consideró que “tiene sentido” y puntualizó que se trata de un "cambio de instrumento jurídico" (de un permiso de cinco años a uno de un año). Concluyó: “Tenés un derecho sensiblemente menor, y por lo tanto vas a tener menos tiempo para todas las inversiones o todo lo que tú vayas a hacer”.

Por Paula Barquet