El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió intervenir preventivamente a la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S. A. por una serie de irregularidades que constató. Esto llevó a que se suspendieran todas sus actividades y se sustituyeran sus autoridades, tras comprobar graves incumplimientos normativos y la existencia de maniobras irregulares con fondos de clientes.
La resolución, publicada en la página web del BCU con fecha de este miércoles 29/10/2025, marca una serie de hechos que derivaron en la medida, entre ellos, la vinculación informal de la sociedad con Luis Ignacio González, quien desde 2018 realizaba servicios de referenciamiento y asesoramiento, impartía órdenes de inversión y gestionaba cuentas sin contar con registro, contrato ni supervisión del organismo.
“Luis Ignacio González, quien no figura en la planilla de trabajo de la entidad ni con quien existe un contrato de servicios firmado, era quien manejaba las cuentas, determinando qué inversiones realizar y para qué clientes, a través de instrucciones directas al personal de la entidad, sin que existan formularios de perfil inversor u otro documento donde conste la aceptación del cliente de su perfil de inversión y la estrategia de inversión”, explica el documento.
En tal sentido, el BCU descubrió que se entregaron comprobantes de giros apócrifos, se usó dinero de clientes para cubrir operaciones de otros, así como falta de controles en el proceso de trabajo.
Según detalló, “de una muestra de 5 clientes afectados, se detectaron debilidades en los procedimientos de debida diligencia (falta de declaración jurada fiscal, debilidades en la justificación de origen de fondos, errores u omisiones en el informe circunstanciado)”.
“Se entiende que Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S. A. y sus accionistas no cumplen con los estándares de conducta, aptitud y rectitud comercial y profesional requeridos”, subraya el documento.
De esa forma, fueron suspendidas todas sus actividades, y fueron removidos sus accionistas y directores (Carlos y Pedro Pérez). Ana Chaves fue nombrada interventora. Además, el BCU exigió a la Compañía “notificar fehacientemente, en forma inmediata, a cada uno de sus clientes y a las entidades con las que opera”. En esta línea, deberá entregar al BCU el detalle de los saldos en efectivo y los valores de cada cuenta.
Por último, resolvió “dar cuenta al Ministerio Público de los hechos constatados ante la eventual consumación de conductas tipificadas como delito”.