Ricardo Perciballe lleva 35 años en la Fiscalía, tiempo en el que ha acumulado expedientes, testimonios de víctimas, pseudónimos de victimarios y un conocimiento de los mecanismos del terrorismo de Estado en Uruguay. Hoy, al frente de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, es una de las figuras centrales del proceso de verdad y justicia en el país.

La Marcha del Silencio 2026 se dio en el 50.º aniversario del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Para Perciballe, esa causa —la más importante de su carrera, según dice— es también la demostración más contundente de que la llamada teoría de los dos demonios es, en sus palabras, “una mentira absoluta”.

En  entrevista con Montevideo Portal, el fiscal reflexiona sobre los 87 procesamientos y condenas que lleva la fiscalía que lidera desde su creación, el rol que podrían jugar los archivos militares en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, las presiones que ha sufrido a lo largo de los años y la situación institucional de la Fiscalía General de la Nación, entre otros temas.

¿Cómo se toma la fecha del 20 de mayo desde la Fiscalía? ¿Le dan un valor especial?

Es un día súper especial. Más allá de que la sociedad en su conjunto ha tomado mayo como el mes de la memoria, esto nos indica mucho, y particularmente el 20 de mayo nos indica más. Es un llamado a la reflexión a todos los órganos del Estado que estamos comprometidos en estos temas, a seguir cumpliendo con esa obligación que tenemos a nivel nacional e internacional, pero fundamentalmente con la sociedad.

Vemos que cada año la marcha es más grande, no solo aquí en Montevideo sino en el interior ahora se han dado también en el exterior. Esto significa que es un tema que está presente. En todas las marchas, uno de los carteles es “Verdad, justicia, memoria, exigimos respuesta”, y nosotros, como Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, somos uno de los órganos del Estado —el órgano especial por excelencia de la persecución—, así que es un llamado a la reflexión y una obligación constante que tenemos.

Este 20 de mayo se conmemoraron 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, un caso que tuvo novedades con imputaciones a tres militares retirados. ¿Cómo recordás esa investigación? ¿Qué te dejó ese caso profesionalmente?

Es el caso más importante que tuve en la historia de mi trabajo. Llevo 35 años en la Fiscalía, he tenido distintos casos, pero sin duda este es el más significativo en todos los sentidos. He manifestado en varias oportunidades que estamos hablando del mayor magnicidio de la historia: se asesinó vilmente a dos legisladores muy importantes, se hizo desaparecer a Manuel Liberoff, que era un representante del Partido Comunista también muy importante, y se mató a dos personas por el solo hecho de sostener una mentira.

Ni que hablar de que también se privó de libertad a los hijos de Rosario Barredo —Gabriela y sus hermanos—, un hecho absolutamente inaudito. Y es un hecho clave porque es parte del Plan Cóndor: nada más y nada menos que matar a dos legisladores prominentes y a dos militantes políticos que estaban muy cerca de Michelini y Gutiérrez Ruiz, porque hay que recordar que habían sido tupamaros pero que renunciaron a las armas por una vía democrática.

Esto, además, echa por tierra esa mentira absoluta de la teoría de los dos demonios, que sostiene que acá todo ocurrió porque hubo un movimiento guerrillero que atentó contra las instituciones y que las Fuerzas Armadas debieron combatirlo. Este caso nos demuestra que las víctimas por esencia no eran guerrilleras, no habían tomado las armas, no habían cometido ningún delito, y pese a ello fueron vilmente asesinadas.

Aprovechando que hablaste de la teoría de los demonios, ¿cuál es el rol de la Fiscalía en echarla por tierra?

Uno de los puntos centrales de la Fiscalía es establecer verdad, además de ir por justicia, que implica realizar imputaciones sobre los responsables. Se trata de establecer cómo fueron los hechos, nada más ni nada menos. En ese sentido creo que hemos avanzado, porque se ha demostrado claramente que, si bien hubo un movimiento guerrillero que atentó contra las instituciones, de ninguna manera el Estado puede tratar a esas personas como las trató.

El Estado está conformado para proteger a sus ciudadanos y acá no solo no se los protegió sino que los atacó. Además, la gran mayoría de las víctimas no tomaron las armas, no cometieron ningún delito, y por el solo hecho de pensar distinto, por el solo hecho de resistirse a la dictadura, sufrieron las consecuencias. Vaya si habrá que tener memoria, vaya si habrá que seguir estableciendo verdad.

Para cerrar: en dos años aproximadamente tenés pensado retirarte de la Fiscalía. ¿Cómo encarás ese tramo final y cómo ves el futuro de la institución?

Sí, en breve —seguramente en dos años aproximadamente— pienso acogerme a los beneficios de la seguridad social. Porque todo tiene su ciclo. En estos años intentaré terminar las causas, que generalmente ya están todas terminadas desde el punto de vista de la investigación, e intentar avanzar lo más posible en los juicios. Colaborar en todo lo que sea posible con la Institución Nacional de Derechos Humanos para la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y después, cuando me jubile, tengo algunos proyectos de investigación sobre todos estos temas. Durante todos estos años hemos acumulado mucha información que me parece que es bueno que esté recopilada. En eso me focalizaré.