Tras la información divulgada de que el exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano utilizó el sistema de vigilancia del Ministerio del Interior para rastrear los movimientos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, el día que el dirigente sindical tuvo un accidente en Punta Carretas, el Secretariado Ejecutivo de la central obrera calificó el hecho como “ilegítimo” y expresó su rechazo.
El Secretariado Ejecutivo declaró su “más enfático rechazo a una práctica que vulnera las garantías individuales, las libertades públicas y pone en entredicho la calidad democrática del Uruguay”.
“Todo lo que surge a partir de la filtración de estos audios denota una clara intencionalidad política de perjudicar a los involucrados. El seguimiento ilegítimo a un militante sindical, como a cualquier ciudadano, para perjudicarlo, representa un hecho de altísima gravedad y pone en jaque las mejores tradiciones del país, ya que se utiliza para esos fines los recursos y los instrumentos del Estado con una finalidad espuria y en total contradicción con el interés general que debe orientar la acción de los funcionarios del Gobierno”, criticó el PIT-CNT.
La central sindical agregó que “este episodio se inscribe en una sucesión escandalosa de presuntos seguimientos ilegítimos y de utilización de recursos públicos para fines personales o políticos”.
“La utilización del aparato estatal para amedrentar y perseguir a ciudadanos, adversarios políticos y activistas sociales, hace recordar a las épocas más oscuras de nuestra historia reciente que no queremos volver a repetir. Estaremos atentos a devenir de estas situaciones, evaluando las acciones políticas y/o jurídicas a nivel nacional e internacional necesarias para la defensa de la democracia, la república y sus libertades”, finalizó el PIT-CNT.
Según informaron a Montevideo Portal fuentes sindicales, el PIT-CNT evalúa llevar adelante las “acciones políticas y jurídicas” en organismos tanto a nivel nacional como internacional, por la información que dio a conocer este miércoles La Diaria.
En esta línea, señalaron que se está evaluando contra quién cursar las acciones a tomar, tanto en lo político como en lo jurídico.