Un grupo de organizaciones civiles rechazó el decreto del Poder Ejecutivo que dispone que los funcionarios públicos que divulguen informaciones como solicitudes, proyectos, informes, dictámenes y otros documentos que no se especifican, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirán en falta muy grave, pasible de destitución.
Para estas organizaciones, el decreto "es impreciso en cuanto a su alcance material, y prescinde distinguir el carácter de la información comprendida bajo el deber de reserva de los funcionarios públicos, yendo mucho más allá del régimen de responsabilidad administrativa previsto en la ley 18.381".
Además, señalan que el decreto va en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos, que impulsan la adopción de normas para la protección de informantes en temas de interés público.
El comunicado, firmado, entre otras organizaciones, por la Red de Gobierno Abierto, el Centro Archivo y Acceso a la Información Pública y Cotidiano Mujer, expresa que esta norma podría tener un efecto inhibidor, e incluso comprometer la divulgación de información en la que existe un interés justificado.
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