Operación Trazador: senadores blancos denunciaron en Fiscalía filtración sobre operativos

Los senadores del Partido Nacional Rodrigo Blas, José Luis Falero y Graciela Bianchi presentaron este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos por las filtraciones de información, fotografías y videos vinculados a la Operación Trazador, una investigación sobre narcotráfico y lavado de activos que ya tiene a tres personas condenadas, entre ellas Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez.

La denuncia apunta a la difusión pública de videos y otros elementos que formaban parte de la investigación. Los senadores entienden que esos hechos podrían configurar un delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 163 del Código Penal, además de otras posibles figuras penales.

Blas explicó que la decisión responde a la necesidad de que la investigación sobre las filtraciones quede en manos de la Fiscalía y no únicamente del Ministerio del Interior. “Cuando se violan derechos y garantías, cuando se pone en peligro la vida de policías y cuando la difusión compromete una investigación del tamaño de esta, tiene que haber un responsable”, sostuvo en rueda de prensa.

El legislador cuestionó que el ministerio encabezado por Carlos Negro haya llevado adelante una investigación administrativa sin presentar antes una denuncia penal. “No hay motivo para no denunciar cuando el delito ya está comprobado”, afirmó.

En ese sentido, consideró que no corresponde que la propia Policía investigue posibles responsabilidades dentro de su estructura dado que, a su entender, la filtración pudo haber salido de las esferas más altas de la institución. “Esto tiene que investigarlo la Fiscalía. Negro debió haberlo derivado antes y, como eso no ha sucedido, lo hacemos nosotros”, señaló.

Entre los antecedentes que motivaron la denuncia, los legisladores mencionan la difusión de imágenes de allanamientos, registros audiovisuales, información sobre incautaciones y presuntas piezas de las actuaciones de la investigación desde el 18 de setiembre.

En su comparecencia ante el Parlamento del 22 de octubre, Negro reconoció la existencia de dos filmaciones: una incorporada a la carpeta de investigación y otra que estaba, o había estado, en el teléfono del oficial Robert Correa. Sobre la primera, sostuvo que había “varias personas —que no son solamente policías— que pueden haber filtrado esa información”.

A partir de esos elementos, los senadores solicitaron a Fiscalía que reconstruya el origen, la custodia y la circulación de ambos videos, identifique a quienes tuvieron acceso al material y determine cómo llegaron a hacerse públicos.

La denuncia también advierte sobre los riesgos que pudo generar la divulgación de información reservada, tanto para los policías que participaron en los procedimientos como para sus familias, las personas investigadas y terceros. Según los legisladores, las filtraciones pudieron haber alertado a investigados o facilitado la destrucción de evidencia.

Entre las medidas solicitadas se encuentran la identificación de los funcionarios que participaron en los procedimientos y tuvieron acceso a los archivos, la preservación y peritaje de los dispositivos utilizados para almacenar y transmitir las filmaciones y la reconstrucción de la cadena de custodia. También pidieron acceder a las investigaciones administrativas del Ministerio del Interior.

Blas sostuvo que el problema no se limita a la divulgación de material reservado, sino que puede comprometer garantías de distintas personas. “Si permitimos que esas filtraciones continúen sin que haya responsables, vamos a poner en riesgo las garantías de diputados, de personas, de la Justicia y de la Policía”, expresó.

Consultado sobre las dificultades que, según Negro, existen para identificar a quien filtró la información, el senador respondió: “Para Negro, lo que es difícil es ser ministro”.

La Operación Trazador tuvo nuevos avances esta semana con la detención del narcotraficante conocido como “el Meo” y de la viuda del uruguayo asesinado en Argentina Carlos Andrés Migales Viera, quien luego fue puesta en libertad. El caso ya había tenido repercusiones políticas por el vínculo de Pablo Leiva, uno de los condenados en la investigación, con el edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien fue suspendido por el Partido Nacional durante dos años.