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Puertas adentro

Partido Nacional suspendió por dos años al edil Gonzalo Gómez por caso de exasesor narco

El directorio dispuso que se aparte del cargo; el curul devolverá los haberes que Pablo Leiva cobró pese a no tener tareas asignadas.

05.10.2026 14:18

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Montevideo Portal

El directorio del Partido Nacional (PN) resolvió este lunes suspender por dos años los derechos y obligaciones partidarias del edil de Montevideo Gonzalo Gómez y dispuso que, mientras dure la sanción, “debería apartarse del ejercicio del cargo”.

La resolución fue adoptada luego de que el directorio hiciera suyo el dictamen de la Comisión de Ética sobre la contratación de un asesor con fondos públicos “sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes”.

Además, el órgano de conducción blanco tomó conocimiento del compromiso asumido por Gómez de devolver a la Junta Departamental de Montevideo las sumas destinadas al pago de los salarios correspondientes a las tareas que no fueron realizadas por Pablo Leiva.

En conferencia de prensa tras la reunión, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, calificó la sanción como una decisión “severa, necesaria” y afirmó que el partido “hace lo que tiene que hacer”. “En estos temas no le va a temblar la mano ni va a esconder debajo de la alfombra”, aseguró.

Delgado remarcó que Gómez “no está ni investigado ni implicado ni indagado en un tema penal” y diferenció ese aspecto de la evaluación realizada por el partido. Según señaló, el edil tomó “una decisión equivocada” al contratar a una persona cuya actividad ilícita dijo desconocer, pero además “reconoció que no cumplía tareas”. “Para nosotros eso es un tema ético y por eso se derivó a la Comisión de Ética”, explicó. 

Consultado sobre cuánto dinero deberá reintegrar Gómez, Delgado dijo desconocer el monto y señaló que se deberá determinar “cuánto se le pagaba exactamente y desde cuándo estaba contratado”. No obstante, indicó que el edil ya le envió una nota comunicándole que devolverá a la Junta “la plata que le pagó a un asesor por tareas que no cumplía”. “Me parece que también es un gesto importante”, sostuvo.

En su declaración, el directorio reafirmó su “compromiso con los principios de responsabilidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos”, así como con las obligaciones éticas de quienes representan a la colectividad en funciones públicas y partidarias. 

El PN revisará el sistema de asesores

A raíz del caso, el Partido Nacional también anunció que impulsará una revisión del sistema de contratación y funcionamiento de los asesores en la Junta Departamental de Montevideo.

El presidente de la Comisión Departamental de Montevideo, Martín Lema, dijo que se buscará “revisar y corregir todo lo que haya que corregir para que se brinde más transparencia y mejore el funcionamiento” del legislativo departamental. “En esto no se puede ser necio y no se pueden desconocer los sistemas que están funcionando mal”, afirmó.

Lema explicó que la semana pasada convocó a los ediles blancos a una reunión y les encomendó realizar “una revisión total del sistema” y establecer contactos con representantes de otros partidos. Según indicó, cualquier modificación requerirá el respaldo del oficialismo departamental.

Además, señaló que un equipo de abogados ya trabaja en una revisión de la normativa para determinar el origen y funcionamiento del actual régimen, que, según afirmó, tiene unos 25 años. A partir de ese análisis, el PN pretende elaborar “propuestas y planteos alternativos” para aumentar la transparencia.

Lema defendió, no obstante, la necesidad de que los ediles cuenten con instrumentos para ejercer su tarea de contralor sobre la Intendencia de Montevideo, pero sostuvo que deben utilizarse “con la máxima transparencia y respeto a los recursos que son de los montevideanos”.

Consultado sobre la posibilidad de extender la revisión a las restantes intendencias, el dirigente afirmó que “toda herramienta que permita brindar mayor transparencia y mejorar un sistema siempre es bienvenida”.

Delgado apuntó contra el Frente Amplio

Durante la conferencia, Delgado también respondió al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, quien en los últimos días se comunicó con dirigentes de otros partidos para plantear una discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos.

El presidente blanco cuestionó algunas declaraciones de Pereira que, según consideró, buscaron “emplazar” al PN por el caso Gómez y le reclamó al FA aplicar internamente el mismo criterio que exige a otros partidos.

“Me gustaría ver a otros partidos actuar con la misma rapidez, con la misma vara ética que actúa el Partido Nacional ante situaciones que no son ilícitas, pero que no están bien desde el punto de vista ético”, afirmó.

Delgado sostuvo que el oficialismo debería “mirarse a sí mismo” antes de cuestionar al PN y defendió la actuación de su partido ante el caso. También recordó que la ley de financiamiento de los partidos políticos fue aprobada en 2024 y cuestionó que el FA no acompañara partidas presupuestales que, según dijo, habían solicitado la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas para reforzar los controles.

“En el Presupuesto Nacional y en esta Rendición de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral pidieron mayor presupuesto para contratar asesores para controlar a los partidos políticos en su financiamiento. El Partido Nacional con la Coalición Republicana presentó los adhesivos correspondientes y no tuvo los votos del FA”, dijo Delgado.

“Siempre estamos para mejorar las cosas, pero para plantear los temas hay que tener autoridad moral y ser consecuente entre lo que uno hace y lo que uno dice, fuera de cualquier oportunismo político”, expresó.

El caso se originó a partir de la situación de Pablo Leiva, quien había sido contratado como asesor de Gómez en la Junta Departamental y fue condenado por lavado de activos. Gómez reconoció públicamente que Leiva cobraba como asesor pese a no cumplir tareas y anunció que pediría licencia de su banca mientras se esclarecía la situación.

La Comisión de Ética concluyó que la conducta del edil era “merecedora de condena ética” por contratar a un asesor con recursos públicos sin que prestara tareas y recomendó por unanimidad la suspensión por dos años que finalmente adoptó el directorio.

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