Video de Leiva, homicidios y Bukele: los cruces entre Negro y la oposición en comisión

El ministro del Interior, Carlos Negro, y el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala protagonizaron un cruce este jueves en la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados por la filtración de un video de la operación Trazador y el aumento de los homicidios. El legislador cuestionó la continuidad del director de Drogas, Robert Correa, y planteó una eventual interpelación al ministro.

La convocatoria se dio luego de que la Secretaría de Estado publicara el reporte de indicadores delictivos correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de setiembre de 2026. Allí se expone que hubo un incremento del 13,5% en los homicidios. Además, los datos revelados muestran que el total de delitos denunciados fue de 215.858, apenas un 0,6% menos que los 217.250 de 2025. Las rapiñas bajaron un 3,4%, de 11.816 a 11.409, el número más bajo de la serie. En 2021, en el mismo período, se habían registrado 18.292. Los hurtos se mantuvieron prácticamente estables, con una baja del 0,3% (77.505 frente a 77.750).  

La operación, que derivó en detenciones, incautaciones de droga y dinero y la condena de un asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, fue presentada por Negro como un ejemplo del trabajo policial de esta administración contra el narcotráfico. Sobre este operativo, Abdala cuestionó la difusión de imágenes del procedimiento porque “se pone en riesgo la seguridad de la propia Policía que interviene en estos allanamientos” y “hasta se compromete el éxito del combate contra el narcotráfico”.

Acerca de la filmación de un video del allanamiento realizado en el marco de esta operación, que según Abdala habría registrado el director de Drogas, Robert Correa, el diputado planteó como una de las posibilidades que el jerarca hubiera sido “traicionado por algún otro funcionario o por alguna persona que recibió esa información en el Ministerio del Interior y se la proporcionó a la prensa”. 

Negro precisó que sobre ese procedimiento hay dos filmaciones, “una que integra la carpeta y otra que está en el teléfono —o que estaba— del oficial Correa”. Sobre la primera, sostuvo que había “varias personas —que no son solamente policías— que pueden haber filtrado esa información”.

Ante esta filtración, la cartera dispuso una investigación administrativa para esclarecer los responsables de difundir el video. “Haya indicios o no haya indicios, los tenga o no los tenga, un jerarca jamás puede adelantar opinión sobre una investigación que está en curso, porque estaría prejuzgando y flechando la cancha claramente”, dijo el ministro, sobre la posibilidad de adelantar resultados del análisis.

“Me parece que es muy difícil sostenerlo en el cargo, por lo menos mientras esta situación se dilucida”, afirmó Abdala, quien sostuvo que Negro debió pedirle que diera un paso al costado.

El ministro defendió al director y rechazó tomar una decisión sin conocer el resultado de la investigación. “Cuesta creer que un investigador de la trayectoria de Robert Correa vaya a filtrar una filmación en la que él se encuentra hablando y sale su voz, incluso sus rastros y sus trazas. Cuesta mucho creer que eso ocurra”, expresó.

Negro insistió en “hay que tener fundamentos” para tomar la decisión y no cesarlo “porque sí”.

El nacionalista advirtió que, si se confirmaban sus cuestionamientos, volvería a convocar al ministro para hacer valer su responsabilidad, debido a que debería existir una “reacción política más severa en términos de una interpelación y capaz que hasta la propia censura parlamentaria”, afirmó.

Negro respondió que aguardaría las resultancias administrativas y que concurriría nuevamente a la comisión, a una interpelación o “adonde sea”.

El aumento de los homicidios también generó diferencias. Abdala señaló que entre enero y setiembre se registraron 312 casos, un incremento del 13% respecto del mismo período de 2025, y planteó que la evolución hacía prever un posible récord anual. Además, cuestionó que Negro hubiera presentado anteriormente una tendencia a la baja.

El ministro reconoció que aquella tendencia podía haberse revertido, pero rechazó proyectar el resultado del año a partir de períodos cortos, debido a que “es arriesgado”. “Es tirar los caracoles o tirar los buzios, prácticamente”, afirmó.

Negro sostuvo que todos esperaban que no se superaran los registros anteriores, y añadió: “Parece que a veces algunos representantes y legisladores se ponen contentos cuando hay una suba en los homicidios. Pero parece. Yo creo que no”.

 “Hay que ser muy malnacido para celebrar que la gente se muera y que haya atentados y homicidios y, por lo tanto, violencia letal”, respondió Abdala ante esto. El diputado recordó que los datos habían sido motivo de “especial preocupación” y no de alegría.

Por otro lado, Negro también responsabilizó al gobierno de Luis Lacalle Pou por el debilitamiento de la Jefatura de Policía de Montevideo y sostuvo que se había “privilegiado” el envío de efectivos al interior. Según afirmó, recibió una jefatura que estaba “absolutamente descuidada durante el período anterior”.

Abdala rechazó esa valoración y aseguró que la cantidad de funcionarios efectivos había aumentado durante su gestión como subsecretario. “En el período pasado la fuerza efectiva —es decir, el conjunto de funcionarios que efectivamente estaban en funciones en el combate al delito cotidianamente— se fue incrementando gradualmente en el departamento. Es verdad que en aquel tiempo los delitos bajaban en Montevideo y ahora aumentaron en la última medición, particularmente coincidiendo con el cambio de mandos policiales que el ministro dispuso en el mes de junio”, respondió.

El secretario de Estado también cuestionó a quienes promueven el modelo de seguridad de Nayib Bukele sin precisar qué medidas aplicarían en Uruguay. “Yo he asistido a algunas sesiones parlamentarias en donde, incluso, se puso la foto del presidente de El Salvador en las pantallas. Era la foto, nunca se dijo qué medida de El Salvador pretendía implementarse en un país democrático y republicano como el Uruguay”, afirmó. Además, sostuvo que “no se me diga que poner a la Republicana en los barrios es una medida de El Salvador o que es el modelo de El Salvador”.

El ministro respondió así a Gustavo Salle, quien había planteado que Uruguay atravesaba una situación de “conmoción interna” y defendió las garantías constitucionales de las medidas prontas de seguridad. Negro vinculó ese planteo con un régimen de excepción y advirtió: “Una concepción que sea en contra de la libertad es autoritaria, no tiene otro nombre; es una tiranía”. “¿Pretendemos que la tradición democrática del Uruguay cambie y pase a ser un Estado autoritario? Si alguien lo pretende, como el diputado Salle, que lo diga”, expresó.

 “Si a algún gobierno se le ocurriera instalar en Uruguay un régimen de las características del modelo Bukele, tendríamos una guerra civil aquí, por lo menos”, señaló Abdala.

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, también protagonizó un intercambio con Negro al referirse a los homicidios entre los propios delincuentes. “Cuando veo que se matan entre sicarios, a mí me genera alivio; no lo celebro, porque supongo que hay una madre, un hijo o una esposa sufriendo. No lo celebro, pero me alivia”, expresó.

El legislador sostuvo que esas personas “eligieron ese camino de vida” y que es “un problema de ellos matar y morir”. En ese sentido, agregó: “La gente —interpreto yo— no espera que el ministro salga a festejar la muerte de los sicarios, tampoco que se lamente porque se maten entre ellos”. No obstante, advirtió que la violencia entre bandas pone en riesgo a vecinos y puede llevar a naturalizar las balaceras.

El ministro insistió en que las muertes entre delincuentes no pueden ser aceptadas como una respuesta del Estado. “No podemos aceptar que haya muertes que nos importen menos por quienes sean sus víctimas o por las circunstancias en las que ocurrieron”, sostuvo. Añadió que cada homicidio obliga a “investigar, esclarecer y trabajar para evitar que vuelva a ocurrir, porque ninguna vida puede quedar fuera de la responsabilidad del Estado”.