La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, compareció este martes ante una comisión del Senado para explicar la resolución que redujo de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo en el caso de la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
“El plazo dispuesto no se aparta de los estándares que tradicionalmente aplicó el Ministerio en otras situaciones y que el Tribunal consideró adecuados y por tanto de ninguna manera puede considerarse contrario a una regla de derecho”, afirmó en rueda de prensa.
Lustemberg aseguró, además, que “no hubo en este caso ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles”. De hecho, negó conocer a la profesional y tener cualquier vínculo con ella.
La ministra recordó que la sanción administrativa se encuentra actualmente en proceso de reevaluación por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República, instancia que podría modificar la medida adoptada.
Durante su exposición también se refirió al proceso judicial, que derivó en una condena de dos años para la anestesista, y señaló diversas deficiencias detectadas en la investigación administrativa del caso.
En ese sentido, cuestionó que el prestador de salud donde ocurrió la intervención no informara de inmediato lo sucedido al Ministerio de Salud Pública.
“No puede ser que los prestadores no comiencen de manera inmediata una investigación interna cuando ocurre un evento de estas características y sea recién ante los requerimientos de este Ministerio que se comience a recabar los elementos probatorios y a informar respecto a lo sucedido”, expresó.
Asimismo, advirtió sobre la falta de regulación jurídica de la Comisión de Salud Pública encargada de analizar este tipo de situaciones y aseguró que el ministerio trabaja para fortalecer su funcionamiento.
“Estamos trabajando para robustecer el trabajo de la Comisión y darle mayores herramientas para su labor”, señaló.
Lustemberg aclaró que no existieron cuestionamientos sobre la actuación de los integrantes de la comisión y destacó que la resolución se basó en cuatro incumplimientos atribuidos a la anestesista: irregularidades en el procedimiento de intubación, el abandono del block quirúrgico sin informar ni dejar a otro profesional a cargo, la demora en el traslado de la paciente a cuidados intensivos y la omisión de registros clínicos durante varios días posteriores a la intervención.
Explicó además que no fueron considerados otros elementos, como las presuntas inconsistencias en los registros de fármacos controlados o versiones sobre un eventual consumo de estupefacientes, debido a la falta de pruebas objetivas que respaldaran esas sospechas.
La ministra manifestó además “una gran decepción” por las fallas detectadas en los procedimientos, la falta de controles y lo que calificó como “desidia en investigar”.
“Una gran decepción, en cuanto a la falla de los procedimientos, la omisión de control de quienes lo tienen que realizar, la desidia en investigar y, sobre todo, la posibilidad de prevenir eventos como estos, cuando existían indicios de que podía llegar a suceder”, expresó.
Finalmente, hizo referencia al impacto personal que le genera el caso por tratarse de una colega de su misma especialidad médica.
“¿Quién puede dudar que un tema como este no me genere empatía?, cuando tiene la particularidad, además, de tratarse del fallecimiento de una colega pediatra, de vocación, como lo soy yo, que con tanto esfuerzo estudió, se formó con la ilusión de poder ayudar a los más vulnerables, como son nuestros niños”, concluyó.
Pérdida de confianza
El senador nacionalista Martín Lema calificó como “decepcionante” la comparecencia de la ministra.
Según Lema, pese a las explicaciones brindadas durante varias horas, continúan sin conocerse los fundamentos que llevaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) a modificar la sanción recomendada por los organismos asesores. “Después de un largo debate sobre el tema, siguen las interrogantes”, señaló.
A juicio del legislador, la actuación del ministerio favoreció a la profesional sancionada y además se omitió informar determinados aspectos al Parlamento. “Cuando se vino al Senado y a Diputados, ya se sabía que el MSP no se defendió ante el recurso presentado por la profesional en cuestión, y no se dijo”, aseguró. “Por lo tanto, hay una pérdida de confianza en el actuar de la ministra y nos genera una profunda indignación”, agregó.