La denuncia, a la que accedió este lunes Montevideo Portal, también involucra a los jerarcas de la comuna Gustavo Chiriff, Mario Furtado, Josue Lima, Daniel Acosta, Jorge Fontoura y Elbio Odaliz Machado Taborda, además de Martín Morales, quien no es funcionario de la intendencia.
El precandidato frenteamplista señaló que la acusación del cabildante “se inscribe en una serie de acusaciones que han recibido los precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio [FA]”, de las que, desde la fuerza política, han “decidido no caer en el juego de responder a cada agravio”.
“En lugar de ello, hacemos un llamado a todos los actores políticos y a la ciudadanía a comprometerse con una campaña electoral basada en el respeto, la dignidad y la abstención de difundir información falsa o engañosa”, agregó.
En este sentido, Lima aseguró que desde la Intendencia de Salto han “mantenido una política de total transparencia y colaboración con todas las entidades de fiscalización y control”.
“Hemos respondido de manera diligente a cada solicitud de información, ya sea a través de pedidos de informe realizados por los ediles de la Junta Departamental, o por ciudadanos del departamento y de cualquier punto del país, utilizando el instrumento de la Ley de Acceso a la Información Pública”, agregó.
Según el intendente de Salto, desde la comuna han “concurrido y brindado toda la información requerida, siempre actuando de manera y transparente” en todas las convocatorias hechas por las comisiones de la Junta Departamental.
De este modo, Lima aseguró que lo mismo hará ante la denuncia del cabildante: “Toda aquella información que solicite el Poder Judicial será provista por el gobierno departamental, pues entendemos que es nuestro deber y corresponde a nuestra política de transparencia”.
“Nuestra prioridad siempre ha sido, y seguirá siendo, el interés del departamento de Salto y el bienestar de nuestra gente. Confiamos en que la verdad prevalecerá, y que podemos avanzar hacia un debate electoral que refleje los verdaderos valores democráticos y republicanos que todos merecemos”, concluyó el intendente.
Por su parte, Albernaz dijo este lunes a Montevideo Portal que dentro de la Intendencia de Salto hay una “asociación para delinquir, liderada por el intendente”, que realiza “crímenes de manera sistematizada y organizada”.
“Es contra el intendente y sus directores, no contra el FA”, aclaró el diputado.
Según el documento judicial, Lima “debe ser investigado por abuso de funciones, asociación para delinquir, concusión, fraude, peculado y utilización indebida de información privilegiada”.
El texto denuncia “irregularidades” en designaciones directas en la comuna. En ese sentido, se cita un acceso a la información pública pedido por el edil nacionalista Facundo Marziotte, que indica que realizaron 362 ingresos de funcionarios por este mecanismo en el período de junio de 2015 a junio de 2023.
También se cita la denuncia de un exfuncionario de la intendencia al propio Lima, sobre la utilización del Depósito Máquina Vial para “consumo de alcohol, droga, y juegos de azar, en el lugar y horario de trabajo”.
Lima habría “estipulado que cada agrupación política que milite para él tendría el camión de relleno municipal a su disposición”, de acuerdo con este exfuncionario, quien trabajaba en el rubro de bacheo de la intendencia.
Tras exigir medidas a la directiva de la comuna, Lima incluido, el hombre fue desvinculado por “bajo rendimiento” a los dos meses de haber entrado.
Por otro lado, se adjunta lo manifestado por un funcionario que estuvo a cargo de manejar uno de los camiones de entrega: “Eran dirigidas a militantes políticos, y los materiales muchas veces eran entregados en sedes políticas”, indica, así como la falta de expedientes y resoluciones “necesarios” para los traslados. El contenido de estas entregas era principalmente leña y madera.
Según la denuncia, “las declaraciones más graves” son acerca del reparto “discrecional” de materiales extraídos de una isla ubicada frente al Parque del Lago. Las jornadas de extracción habrían durado 12 horas durante dos días, con cinco camiones y retroexcavadoras.
Este funcionario también habría puesto a Lima al tanto de la situación, pero el intendente le propuso trasladarlo al sector de Termas del Daymán, “con la intención de quitarlo del medio de ese lugar y poder continuar realizando dichas maniobras fraudulentas”, sostiene la denuncia.
“La metodología utilizada para seleccionar [a] los beneficiarios tanto de los rellenos, de la leña, la arena, las designaciones directas u otro beneficio como las cooperativas de trabajo, era participar de lo que llaman ‘desembarco’, que no es más que militar políticamente. […] los obligan no solo a repartir sus listas políticas, sino a participar de los comité de base, donde para no ir se debía dar una excusa muy buena, o prácticamente presentar certificado médico”, asegura el documento.
Otra “irregularidad” que se denuncia es la “entrega de terrenos a cambio de militancia política”.
“Obligaban a los que querían participar de las cooperativas a que militen en la campaña de la ‘reforma a la LUC [Ley de Urgente Consideración]’, dice.
Lima señaló a Montevideo Portal que “siempre” se ha brindado “toda la información que se ha requerido” durante su gobierno departamental.
“Este caso no va a ser la excepción”, sostuvo, y aseguró que se brindará la información que se solicite.