La Justicia resolvió rechazar la acción de amparo para suspender las actividades de prospección sísmica en las costas uruguayas.
“Luego de analizadas todas las cuestiones sometidas a debate, y verificado el análisis de la normativa aplicable, y considerada la situación fáctica de obrados, se impone el rechazo de la acción de amparo promovida”, reza la sentencia con fecha de este viernes 17 de abril, a la que accedió Montevideo Portal.
De acuerdo con el documento, la presentación de la demanda “es extemporánea”, ya que estaba “largamente vencido el plazo de 30 días” dispuesto por el artículo 4 de la Ley 16011.
Así, el juzgado letrado de primera instancia en lo civil consideró que “no surge acreditado en obrados la existencia de ilegitimidad manifiesta en el acto administrativo” que inició la prospección sísmica.
“En efecto, surge que el accionar de las codemandadas resulta ajustado a derecho, en tanto han actuado, por un lado, dentro del marco de sus competencias, y en relación con la coaccionada CGG Services su actuación no ha vulnerado en forma evidente el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un medio ambiente sano”, remarca el texto.
Así, se determina que, si llegara a existir un daño, “deberá ser debatido en el caso concreto, cuando este se verifique”. Esto “excede con amplitud” la estructura del proceso de amparo, sostiene el documento.
La iniciativa había sido promovida por un conjunto de organizaciones sociales, científicas y gremiales vinculadas al mar y a la pesca que se oponen a la búsqueda de hidrocarburos en aguas nacionales.
Como parte central de la argumentación, los demandantes aportaron un informe elaborado por científicos uruguayos y extranjeros que advierte sobre los posibles impactos de la prospección sísmica en el ecosistema marino. El documento fue realizado por investigadores de la Universidad de la República —incluyendo la Facultad de Ciencias, el Laboratorio de Ciencias del Mar (Undecimar), el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), el Centro Universitario Regional del Este (CURE) y el Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO)— junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El pasado viernes se llevó a cabo la primera audiencia en el juzgado civil, instancia en la que se escucharon las defensas de los organismos demandados, entre ellos los ministerios de Ambiente, de Industria y de Ganadería, además de Ancap y las empresas encargadas de la investigación.