En conversación con Montevideo Portal, el presidente de IMPO Gonzalo Reboledo, señaló que los cambios que sufrieron las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública no son sustanciales, señalando como único punto el hecho de que pueda declararse una reserva en el momento que se pide la información.

Reboledo señaló que estudió las modificaciones y no encontró mayores diferencias con lo planteado por el Poder Ejecutivo, al no modificarse los motivos por los que pueda declararse una reserva y al mantener, según entiende, las potestades de la Unidad reguladora que puede determinar que una reserva no fue adecuada.

La posición de Reboledo va en contra de lo expresado por CAINFO y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que entendieron estas modificaciones como restrictivas al acceso de la información pública por parte de la ciudadanía.

Las organizaciones no gubernamentales plantean llevar el caso a la corte Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, por considerar que viola convenios internacionales que indican que este tipo de normativas deben tener un proceso de discusión abierto con la sociedad.

La modificación en la Ley de Acceso a la Información, prevista en el artículo 36 de la Rendición de Cuentas modifica el artículo 9 de la ley 18381, señala que “la información podrá clasificarse como reservada, tanto en el momento en que esta se genere, obtenga o modifique, como en el momento en que se reciba una solicitud de acceso”.

”En este último caso, la resolución fundada que disponga la clasificación de la información deberá remitirse en el plazo de cinco días hábiles a la Unidad de Acceso a la Información Pública la que, en ejercicio de su cometido de control, ordenará su desclasificación si la misma no se ajusta a lo dispuesto en el presente artículo”, agrega el texto.

Además, el texto quita poder regulatorio a la UAIP en la medida en que establece que: “en ningún caso podrá la Unidad de Acceso a la Información Pública ejercer esta facultad de desclasificación con respecto a los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado que presten servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia”.

El artículo 36 de la Rendición de Cuentas fue aprobado este miércoles en el Parlamento por 49 en 70 legisladores presentes.