La Junta Departamental de Montevideo recibió este miércoles a autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) en una sesión extraordinaria secreta, en régimen de comisión general, para abordar las presuntas irregularidades en los registros de asistencia de funcionarios de la División Asesoría Jurídica de la comuna.

La convocatoria fue impulsada por la bancada del Partido Nacional, que buscaba obtener explicaciones sobre el caso de Verónica Quebral, directora de la Unidad de Sumarios de la IM, quien actualmente se encuentra bajo investigación administrativa.

La instancia se desarrolló a puertas cerradas, sin acceso del público ni de la prensa, y tampoco fue transmitida en línea. La decisión de mantener la reserva fue adoptada por la Mesa de la Junta Departamental, en aplicación del artículo 23 de su Reglamento Interno.

Dicha disposición establece que los asuntos referidos a funcionarios departamentales que puedan afectar su actuación o su buen nombre deben tratarse en sesión secreta, salvo decisión expresa de la Junta.

Desde la oposición se cuestionó que la comparecencia se desarrollara bajo esta modalidad, dado que las denuncias que motivaron la convocatoria ya habían tomado estado público. Debido al carácter reservado de la sesión, las explicaciones brindadas por las autoridades municipales no pueden divulgarse.

El caso se remonta a julio de este año, cuando se abrió un expediente para investigar presuntas irregularidades en la asistencia de Quebral. Según informó Montevideo Portal el pasado 26 de octubre, se detectaron 25 jornadas laborales sin constancia de asistencia ni justificación registrada entre abril de 2025 y marzo de 2026.

La jerarca rechazó que se tratara de 25 faltas y sostuvo que existieron siete omisiones de marca. Además, aseguró haber presentado documentación para acreditar que concurrió a trabajar durante las jornadas cuestionadas.

Posteriormente, el pasado 14 de noviembre, Montevideo Portal informó que la IM había dispuesto iniciar un sumario administrativo contra Quebral y otro funcionario de la misma dependencia, Guillermo Castelli, luego de que Asesoría Jurídica entendiera que podía estar comprometida su responsabilidad.

El procedimiento fue dispuesto sin suspensión preventiva y busca determinar si corresponde aplicar sanciones a los funcionarios involucrados.

La oposición también había planteado cuestionamientos sobre las demoras en la tramitación del expediente y la actuación del director de Asesoría Jurídica, Álvaro Richino, superior jerárquico de la funcionaria investigada.

Precisamente, la convocatoria de este miércoles buscaba determinar si existieron irregularidades tanto por parte de la funcionaria denunciada como de sus superiores, así como obtener explicaciones sobre el tratamiento administrativo del caso.

Por el momento, Quebral continúa sometida a un proceso de sumario administrativo.