Gobierno exonerará a empresas de zonas francas que no paguen impuesto mínimo global

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció este lunes un cambio en la Ley de Presupuesto referente a la aplicación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, también denominado “impuesto mínimo global”.

En un evento de la Fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo (DAT), llamado “Crecimiento: lo que Uruguay precisa”, el jerarca se refirió a este tributo con respecto a las zonas francas.

“Hemos logrado con la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] que nos autorice a excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto, que esté dentro de la zona franca, de cualquier gravamen asociado a este impuesto”, sostuvo.

“Estamos logrando que, incluso cuando la jurisdicción de dónde está instalada la matriz de la compañía no esté alcanzada por el impuesto global, incluso cuando esa compañía no esté necesariamente pagando el impuesto, la OCDE, en función de ayudar a Uruguay a honrar el compromiso de no cobrar impuesto en una zona franca, esas compañías no lo van a tener que hacer”, explicó el economista.

En esa línea, Oddone aseguró que esta modificación, la cual solo se aplicará a empresas que no paguen actualmente el impuesto, se va a presentar este martes en el Parlamento.

“Se trata de un impuesto neutro que nos va a recaudar el 80% del aumento de impuestos que precisamos para este período, que no va a afectar a ningún contribuyente que esté localizado en territorio uruguayo”, agregó.

Así, apuntó a “algunos miembros del sistema político” por “decir que esto es la ‘kirchnerización’ de la política económica de Uruguay”.

“No nos hagamos un daño a nosotros mismos. Lo que estamos haciendo es algo audaz y complejo, pero está absolutamente orientado al objetivo del país de seguir siendo un país atractivo para atraer inversiones”, sentenció Oddone.

Previamente, la Cámara de Zonas Francas criticó, tanto en el Parlamento como públicamente, la creación de este tributo, por considerar que “vulnera la seguridad jurídica” y “podría provocar el retiro de empresas ya instaladas”.