El Poder Ejecutivo aprobó el envío al Parlamento de un proyecto de ley que permitirá a los trabajadores jubilarse a partir de los 60 años, siempre que cuenten con 30 años de aportes. Así lo anunció este lunes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes.

La iniciativa establece una nueva causal jubilatoria para las personas de entre 60 y 65 años, que podrán optar por retirarse antes o continuar trabajando hasta la edad general de jubilación, fijada en 65 años por la reforma de la seguridad social aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Según explicó Sánchez, el proyecto busca cumplir uno de los compromisos de campaña del Frente Amplio (FA) y un acuerdo alcanzado en el marco del Diálogo Social. “Todas las personas podrán tomar la decisión de presentarse a esta causal o esperar a su jubilación a los 65 años”, señaló.

El jerarca destacó que la propuesta contempla especialmente a los trabajadores de menores ingresos. Según afirmó, el 30% de las jubilaciones más bajas podrá acceder al retiro a los 60 años con prestaciones iguales o superiores a las previstas antes de la aprobación de la Ley 20130.

“Una persona que se va a poder jubilar a los 60 años, con respecto al anterior régimen que teníamos previo a la Ley 20130, ahora podrá jubilarse a los 60 años y tendrá una jubilación mejor o superior”, sostuvo.

Una de las condiciones del nuevo régimen es que la jubilación obtenida mediante esta causal no podrá compatibilizarse con el trabajo. Es decir, quienes opten por esta modalidad no podrán continuar desempeñando una actividad laboral mientras perciban esa prestación.

El proyecto también plantea cambios para proteger las jubilaciones más bajas. Para eso, se modificará el suplemento solidario, una ayuda económica que complementa las prestaciones de quienes cobran menos. Además, se cambiará la forma en que se ajusta ese beneficio, para que sus aumentos sean más previsibles.

La iniciativa también permitirá que más personas con incapacidad permanente puedan acceder a pagos adicionales al jubilarse. Por otra parte, eliminará los plazos que existen actualmente para reconocer años de trabajo anteriores a 1996, cuando comenzó a funcionar el registro de historia laboral.

Sánchez remarcó que, a diferencia de las excepciones contempladas en la reforma anterior para determinados sectores, como algunos trabajadores de la construcción, la nueva causal tendrá carácter general. “Esto es una ley general para todos los uruguayos. Cada uno decidirá en el momento de jubilarse”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la posibilidad de adelantar el retiro será especialmente importante para quienes desempeñan tareas físicamente exigentes, así como para las personas que pierden su empleo antes de alcanzar la edad jubilatoria. “La gente queda sin trabajo a los 62 años y tiene que esperar a los 65, aun teniendo 30 años cumplidos”, ejemplificó.

El secretario de Presidencia también hizo referencia a las transformaciones del mercado laboral como consecuencia de los avances tecnológicos, que, según indicó, pueden dificultar la continuidad laboral de trabajadores de mayor edad.

Aunque el proyecto permitirá jubilarse a los 60 años, también establecerá incentivos económicos para quienes decidan continuar trabajando.

Sánchez explicó que las prestaciones aumentarán progresivamente cuanto más se postergue la jubilación, hasta alcanzar los 65 años. “En la medida en que las personas vayan postergando su edad de retiro, van a tener prestaciones superiores”, indicó.

El jerarca recordó que la edad promedio de jubilación en Uruguay es de 63 años y sostuvo que la propuesta busca combinar la libertad de elección con estímulos para prolongar la vida laboral.

Asimismo, aseguró que la iniciativa fue diseñada para no comprometer la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. “El diseño que se ha construido permite generar estos beneficios sin que esto signifique erosionar la sustentabilidad del sistema de seguridad social”, afirmó.

Las proyecciones actuariales del Banco de Previsión Social (BPS) estiman que el costo de los cambios alcanzará un máximo anual equivalente al 0,16 % del producto interno bruto (PIB) entre 2040 y 2045. A partir de entonces, el impacto económico disminuiría progresivamente hasta desaparecer a largo plazo, por lo que las modificaciones no comprometerían la sostenibilidad del sistema previsional.

El proyecto estará dirigido a los trabajadores comprendidos en el Banco de Previsión Social (BPS) y en las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). También habilitará a las cajas paraestatales a incorporarse al régimen, siempre que sus respectivos directorios así lo resuelvan.

En cuanto a los plazos, Sánchez adelantó que el proyecto será enviado al Parlamento esta semana, aunque todavía no está definido si ingresará por la Cámara de Senadores o por la de Diputados.

El secretario de Presidencia manifestó, además, su expectativa de que la iniciativa tenga un tratamiento prioritario. “Como estamos hablando de beneficios para la gente, imagino que los señores y señoras parlamentarias le darán la prioridad suficiente para poder avanzar”, afirmó.

Gobierno destacó reducción de la pobreza

Otro de los asuntos abordados durante el Consejo de Ministros fue la disminución de la pobreza registrada en el primer semestre del año.

Sánchez destacó los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales unas 95.000 personas dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza. La incidencia de la pobreza en la población pasó del 17,7% al 14,8%, mientras que entre los niños menores de seis años disminuyó del 32,4% al 24,9%.

“Noventa y cinco mil compatriotas han salido de la línea de la pobreza, lo cual nos alegra, pero, sobre todas las cosas, nos compromete a seguir trabajando”, expresó.

El secretario de Presidencia atribuyó parte de la mejora al incremento de los ingresos familiares, los ajustes de jubilaciones y pensiones y los aumentos salariales acordados en los Consejos de Salarios.

También destacó el crecimiento del empleo y de los ingresos de las mujeres, particularmente por su incidencia en los hogares con niños en situación de pobreza y jefatura femenina.

Sánchez aclaró que la reducción de la pobreza todavía no refleja el impacto de las transferencias aprobadas recientemente en la Rendición de Cuentas, ya que esas medidas aún no comenzaron a implementarse. En cambio, atribuyó la mejora al aumento de los ingresos familiares, impulsado por el crecimiento de los salarios y la generación de empleo.

El secretario de Presidencia también destacó la incidencia de la baja inflación, que permitió mejorar el poder adquisitivo de los hogares. “Al ser una inflación baja, y los salarios y los ingresos de las familias crecen más, el poder de compra de las familias es mayor”, explicó.

De todos modos, sostuvo que es necesario avanzar en otras dimensiones de la pobreza, más allá de los ingresos. En ese sentido, señaló que el Presupuesto Nacional duplicó los recursos destinados a intervenciones en asentamientos, que pasarán de US$ 350 millones en el quinquenio anterior a US$ 700 millones en el actual. Sánchez remarcó que la pobreza multidimensional también comprende el acceso a la educación, la cultura, una vivienda digna y otros bienes y servicios.

De todas formas, reconoció que las evaluaciones deben realizarse sobre períodos anuales completos, aunque consideró que los resultados del primer semestre muestran una tendencia favorable.

Nuevo plan de ciencia y tecnología

El tercer asunto tratado por el gabinete fue la elaboración de una actualización del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencti).

Durante la reunión, el secretario de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González Berrutti, presentó un avance de la propuesta, que busca orientar la investigación y la innovación hacia los principales desafíos científicos, productivos y sociales del país.

Sánchez señaló que el plan vigente había sido elaborado antes de la aparición de herramientas como ChatGPT y que su actualización resulta necesaria para incorporar los cambios tecnológicos de los últimos años.

La iniciativa ingresará ahora en una segunda etapa, dedicada a identificar las capacidades científicas y tecnológicas disponibles en Uruguay para enfrentar los desafíos definidos.

Según adelantó el jerarca, el proceso culminará alrededor de mayo del próximo año, cuando el gobierno prevé presentar la hoja de ruta del nuevo Pencti.

“Nosotros hemos puesto a la ciencia y tecnología con mucha jerarquía desde el Presupuesto Nacional y creo que estamos avanzando fuertemente en ese sentido”, concluyó.