El fiscal Jorge Vaz presentó este martes la acusación contra los tres expresidentes nacionalistas de la Junta Departamental de Maldonado que fueron imputados por corrupción en setiembre de 2025, José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante, y pidió penas de entre cuatro y seis años y medio de penitenciaría.

Según consignó el medio local Punta News, la acusación mantiene los delitos de la formalización. Las operaciones investigadas suman $ 1.474.713 y corresponden a diez facturas a nombre del titular de una empresa unipersonal de transporte de carga. Según la Fiscalía, la empresa cobró por trabajos que no realizó en el edificio de la Junta. Ya en la etapa de formalización, Vaz había explicado que el dinero terminaba en una cuenta del BROU de Facundo Sánchez, hijo del exedil.

Para Sánchez, presidente de la Junta entre 2020 y 2021, el fiscal pidió seis años y seis meses de penitenciaría, seis años de inhabilitación y una multa de 1.000 unidades reajustables (UR). Está acusado como coautor de fraude especialmente agravado y de falsificación ideológica por funcionario público, ambos continuados.

Según Vaz, Sánchez recibió $ 1.307.695 de fondos públicos en una maniobra que se extendió por más de un año, “prevaliéndose de su influencia como coordinador de bancada”. El exedil, de acuerdo con el escrito, “fue quien ideó y articuló la maniobra”, y su conducta “revela una peligrosidad que excede la del hecho mismo”.

En el caso de Correa, que presidió la Junta entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, el pedido es de seis años de penitenciaría, seis de inhabilitación y 750 UR de multa por los mismos delitos, en calidad de autor.

Durante nueve meses, Correa autorizó ocho pagos por $ 1.191.313, fraccionados en facturas menores para evitar controles, según la Fiscalía. El exedil “utilizó su calidad de ordenador primario al servicio de la maniobra durante nueve meses” y autorizó pagos “sin respaldo alguno, en abierta infracción de las normas de contratación pública”.

Para Infante, que encabezó el órgano entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, la Fiscalía solicitó cuatro años de penitenciaría, cinco de inhabilitación y 170 UR de multa por fraude especialmente agravado, falsificación ideológica y abuso de funciones especialmente agravado. Su participación se limita a dos pagos, con un perjuicio de $ 283.400.

Infante, que en setiembre de 2025 no se presentó a la audiencia de formalización y fue declarado en rebeldía tras viajar a Argentina, también está señalado por un intento de influir en un testigo: según Vaz, “ofreció dinero a un testigo y le pidió negar el contacto”.

En total, las multas solicitadas suman 1.920 UR, unos $ 3,74 millones. El escrito aclara que la falsedad imputada no recae sobre las facturas en sí, sino sobre las resoluciones que autorizaron la contratación y el pago. “No se imputa la falsedad de las facturas —documentos del particular—, sino la de los actos del ordenador primario”, sostiene el fiscal.

En agosto, Vaz había pedido una evaluación independiente y la Justicia le concedió un año más de investigación. Aun así, el fiscal resolvió acusar sin esperar el cierre de la auditoría, con el argumento del derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. Según el escrito, la prueba reunida alcanza: documentación, movimientos bancarios, declaraciones testimoniales y un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“Esta fiscalía no puede subordinar indefinidamente el ejercicio de la acción penal” a la conclusión de la auditoría, sostiene Vaz. El fiscal dejó abierta la posibilidad de nuevas actuaciones penales si surgen otros delitos o responsables, incluidos “terceros”, aunque no afirma que existan hechos nuevos.