La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) emitió este miércoles un comunicado en el que se refiere al acuerdo entre el gobierno y el Pit-Cnt tras la finalización del Diálogo Social.

El Ejecutivo y la central sindical realizaron una serie de consensos vinculados a la edad jubilatoria y a la seguridad social. En ese marco, apuntaron a la desvinculación de las AFAP de la administración directa, lo que la central sindical definió como un “avance muy importante” en su lucha por eliminarlas.

Esto generó reacciones contrarias en el ámbito político y en el sector económico. El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, aseguró que esto es un “capricho ideológico sin fundamentos” y analizó que podría una consecuencia de US$ 300 millones.

En el comunicado, Anafap afirma que tomó conocimiento de la situación por la prensa. Detalló que los cálculos presentados por la asociación fueron “contundentes”, por lo que “aún eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%”.

“Esto, además, implica que todo el costo actual sería absorbido por un nuevo ente estatal, que requeriría financiamiento a través de impuestos, tasas o mecanismos ideados para ese fin o, en su defecto, con más déficit”, agrega.

Además, afirman que Uruguay tiene actualmente la comisión más baja de América Latina en el sistema de AFAP, por lo que cada administradora privada gestiona cientos de miles de cuentas, lo que refleja que ya se han alcanzado niveles de eficiencia gracias a la competencia.

Sin embargo, señalan que aún no se han abordado aspectos clave para mejorar las jubilaciones, como optimizar los esquemas de inversión —en la que estiman que podría haber una mejora de hasta 20% en el ahorro— y resolver problemas en el sistema de rentas vitalicias, que hoy funciona como un monopolio de hecho.

“Las AFAP operan bajo supervisión rigurosa, con estándares de servicio y de gestión auditables, sancionables e intervenibles. Como entidades privadas, han sido intachables gestoras de las cuentas de los clientes. La propuesta cambia esa naturaleza. Convierte a las AFAP en proveedoras del Estado y el afiliado deja de ser cliente y pasa a ser un usuario cautivo de un único organismo administrador, quitándole la posibilidad de elección”, agrega el comunicado.

Por otro lado, aseguran que las AFAP son empresas privadas que compiten entre sí desde hace 30 años en Uruguay y que están bajo supervisión del Banco Central, lo que permite que los afiliados puedan cambiar de administradora si no están conformes. La propuesta plantea sustituir ese modelo por un único organismo estatal, lo que implica una estatización del sistema.

“Lo que está en discusión es si el trabajador uruguayo seguirá teniendo un administrador responsable frente a él, elegido por él y exigible por él, o pasará a depender de un organismo estatal único frente al cual no tendrá derecho de elección ni de reclamo”, sentencia el comunicado.