El Frente Amplio (FA) busca, a través de un proyecto de ley, que los deudores de pensiones alimentarias estén inhabilitados para ingresar a espectáculos públicos. Así lo plantea un documento que la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Margarita Libschitz presentó a fines de diciembre ante el Parlamento.
El proyecto, del que informó Búsqueda y al que accedió Montevideo Portal, se enmarca en el fortalecimiento de las medidas para asegurar la prestación alimentaria a favor de niñas, niños, adolescentes y de personas mayores con discapacidad. En esa línea, la bancada del oficialismo propone agregar tres nuevos artículos a la ley n° 17.957 y modificar la redacción de la nº 18.244 para regular la situación de los deudores morosos.
Los cambios incluyen la creación de una base de datos, que será administrada por la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, y quedará disponible ante la Sección Interdicciones del Registro Nacional de Actos Personales.
Esta permitirá, entonces, que los deudores de la cuota alimentaria no puedan acceder a espectáculos públicos onerosos con control de acceso a partir de la fecha que establezca la reglamentación. El Ejecutivo determinará cómo se implementará esta medida y cómo controlará su cumplimiento.
El oficialismo también propone que quienes sean deudores de pensiones alimentarias también tengan restricciones en el Banco de Previsión Social a la hora de solicitar expedición de los certificados común y especial y ante la Dirección General Impositiva los certificados único y único especial. Si el contribuyente no puede comprobar que no está inscripto como deudor alimentario, no podrá acceder a estos documentos.
El proyecto también plantea que a la ley nº 18.244 se le incorpore un nuevo artículo que establece que la Sección Interdicciones del Registro Nacional de Actos Personales deba comunicar, mediante un “mandato judicial”, esa información a las bases de datos privadas destinadas a informar sobre la solvencia patrimonial o crediticia, al Banco Central del Uruguay para la inclusión de la información pertinente en la Central de Riesgos Crediticia y a la Auditoría Interna de la Nación.
Asimismo, esos organismos deberán informarlo a las instituciones que regulen o controlen, para cumplir “cabalmente con las disposiciones de la presente ley”. Una vez que se realice ese procedimiento, la identificación del deudor será realizada mediante el documento de identidad y en la forma que establezca la reglamentación.
Luego, la Sección Interdicciones del Registro Nacional de Actos Personales deberá incluir esta información en la base de datos públicos que establece el proyecto; tendrá un plazo inferior de los 30 días corridos a partir de la fecha de la inscripción a través de cualquier medio fehaciente.
El proyecto de ley que presentó el FA destaca la Convención de los Derechos del Niño, que en el artículo 27 establece que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera del niño, tanto si vive en el Estado parte como si vive en el extranjero”.
Sin embargo, aún “persisten altos niveles de incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias, lo cual genera situaciones de vulnerabilidad y desprotección económica para los beneficiarios de aquellas”, detalla el oficialismo en su exposición de motivos.
Las medidas vigentes son “insuficientes para asegurar la efectividad de las sentencias o convenios homologados judicialmente en materia de alimentos, siendo necesario dotar al sistema jurídico de herramientas más ágiles, coordinadas interinstitucionalmente y con capacidad persuasiva real, orientadas al efectivo cumplimiento de las prestaciones alimentarias”.
En ese sentido, el FA subrayó que incumplir con la obligación alimentaria, además de violar la ley, también implica “una forma de violencia económica que impacta directamente en el bienestar y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y mayores con discapacidad”.
De aprobarse, estas nuevas medidas harán que “el incumplimiento de la obligación alimentaria tenga consecuencias reales y proporcionales, y donde el Estado y los diversos actores de la sociedad actúen como garantes del derecho de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad a recibir los medios necesarios para su protección efectiva y desarrollo integral”, señala el proyecto del oficialismo.
Para que se lleven a cabo las modificaciones, la bancada del FA necesita, por lo menos, dos votos de la oposición. Según informó Búsqueda, la diputada del Partido Colorado Elianne Castro mostró coincidencias con el proyecto.