El Poder Ejecutivo y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) firmarán un preacuerdo que busca poner fin al conflicto en torno a las modificaciones al régimen de licencias médicas planteadas en el gobierno anterior.

Este principio de pacto deberá luego ser ratificado por los sindicatos, dijo el secretario general de la confederación, Joselo López, a Montevideo Portal.

Este preacuerdo establece varios puntos: en primer lugar, una “mejora en la cantidad de días de colchón” que estaban exonerados de los descuentos, que pasan de 9 a 12 por año; luego, se incluyen nuevas enfermedades “fundamentales” en la exoneración del descuento, que son las de salud mental “y también algunas problemáticas derivadas del embarazo”, además de las enfermedades oncológicas y lo relacionado con accidentes laborales, que son las que ya estaban incluidas.

También se establece que no haya diferenciación en la aplicación de la normativa. “Lo que nosotros denunciábamos, por ejemplo, en el Poder Judicial a los funcionarios se les aplicaba y a los magistrados no”, explicó el dirigente sindical.

Por un lado, estos tres cambios implican que la suspensión de la aplicación de la ley de licencias médicas regiría hasta el 31 de diciembre de este año, lo que “quiere decir que no habría descuento por licencias médicas” este 2025, puntualizó López.

Por otro, el secretario general de COFE aseguró que esta discusión implica detalles a nivel del presupuesto; en concreto, la universalización de la aplicación y la ampliación de días “irían a la ley de Presupuesto”, señaló.

El gobierno tiene hasta el próximo 31 de agosto para presentar al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto.

En este marco, desde el gremio valoraron positivamente este preacuerdo alcanzado. “Creo que es un paso adelante en función de esta denuncia que se había hecho a la OIT [Organización Internacional del Trabajo] y que el ámbito de conciliación de la OIT dio este resultado”, reflexionó.

“Por tanto lo vemos como un avance; después hay que ver, como cualquier convenio que se firma, si las bases lo aceptan”, concluyó López.

El reclamo, presentado en 2024 durante la pasada Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, cuestiona los cambios en el régimen de certificaciones médicas en el sector público, vigentes desde el 1º de abril de 2024. La norma establece que los trabajadores estatales solo podrán percibir su sueldo completo durante nueve días hábiles en todo el año si se certifican. Luego, tienen derecho a percibir el 75% de su remuneración por parte del ente que los emplee.

Los denunciantes hablan de que la ley consiste en “una medida de ajuste grave en los derechos sociales de los trabajadores públicos” y que los artículos referidos “son ostensiblemente inconstitucionales”.