Rafael Ponce De León es un paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y desde 1984 ejerció de "forma ininterrumpida" su derecho a votar en las elecciones nacionales, pero para estas elecciones internas, a pesar de tener el deseo y las ganas de sufragar, ve esta posibilidad un poco alejada, dado que el circuito que le fue asignado no tiene condiciones de accesibilidad.

Ponce De León contó, en una carta que fue divulgada desde la semana pasada, que la enfermedad que tiene es "crónica y progresiva", que afecta a las neuronas motoras y que no tiene, hasta la fecha, posibilidad de cura.

Rafael tiene inmovilizados los miembros inferiores y superiores, no puede hablar y solo puede alimentarse a través de una sonda gástrica. La carta que divulgó la escribió a través de un dispositivo que está adherido a una computadora, y que le permite comunicarse vía rayos infrarrojos a través del movimiento de los ojos.

Dicho esto, Rafael se siente un "privilegiado" ya que tiene un "buen trabajo y una buena administración" que le permitió comprar una "excelente silla eléctrica", que le permite desplazarse con un "simple movimiento de pera".

Sin embargo, y a pesar de tener facilidad para trasladarse, sintió tristeza cuando supo que el local donde le toca votar el domingo (una escuela técnica de la Aguada) tiene dos escalones en la entrada, que hacen imposible el pasaje de la silla, que pesa 200 kilos, "amén de una escalera que comunica con el piso superior, si superado el primer obstáculo, no me tocara votar en la planta baja".

"Ahora bien, ¿por qué razón el sistema me discrimina impidiéndome ejercer un derecho que tengo garantizado en la Constitución? ¿Por qué, teniendo plenas facultades mentales, se me suspende de hecho la ciudadanía? ¿No tengo suficiente con la enfermedad que padezco, y de la cual nadie está a salvo, para que me arrebatan un derecho constitucional por razones logísticas? No pretendo soluciones particulares, quiero hablar por los cientos sin voz, acostumbrados a la resignación del "no se puede"", señala en la carta.

Tras la divulgación de la carta, el sábado hubo una reunión entre representantes de la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay, de la Fundación ELA de Uruguay y de la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT. El encuentro se organizó a instancias de la COmisión de Discapacidad.

Allí se habló de la posibilidad de que la Corte disponga de un número de teléfono para hacer los reclamos ante una situación concreta de inaccesibilidad. En ese caso, una de las soluciones planteadas fue la coordinación del envío de una rampa.

Rafael contó a Montevideo Portal que esa solución sería "viable", pero "insuficiente" ya que solo abarcaría a Montevideo. Lo mejor, dijo, es modificar el artículo 77 de la Ley electoral, aquel que da las pautas para votar observado.

Pero hay un problema: modificar esa legislación requiere de mayorías especiales. Es por todo esto que Ponce De León llama a generar un acuerdo político en pos de modificar ese artículo.

Uno de los precandidatos que se hizo eco fue el frenteamplista Daniel Martínez, quien enfatizó en la necesidad de alcanzar un "acuerdo interpartidario para que nadie quede sin votar". "Es un derecho", puntualizó.

A continuación, reproducimos la carta escrita por Rafael:

Desde 1984 ejerzo en forma ininterrumpida mi derecho a ejercer el sufragio en las elecciones nacionales, y desde la reforma constitucional que instauró las elecciones internas, y separó las nacionales de las departamentales, no he faltado a ninguna de ellas.

En el mes de abril de 2016 me diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, una enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva. que afecta las neuronas motoras y que no tiene, a la fecha, posibilidad de cura. Actualmente tengo inmovilizados los miembros superiores e inferiores, no puedo hablar, y sólo puedo alimentarme a través de una sonda gástrica. Estas líneas las escribo a través de un dispositivo, adherido a la computadora, que me permite comunicarme, vía rayos infrarrojos, a través del movimiento de los ojos.

Dicho esto, me siento con el deber de decirles que soy un privilegiado. Gracias a la posibilidad de un buen trabajo y la buena administración, pude ahorrar lo suficiente para comprar una excelente silla eléctrica en el exterior, la cual me permite desplazarme con un simple movimiento de la pera. Hecha esta disgreción, paso a contar el motivo que me aqueja.

Una vez publicados los circuitos electorales, grande fue mi satisfacción al comprobar que me tocaba votar en el mismo local de siempre, una escuela técnica del barrio de la Aguada, barrio de mi niñez y juventud, del cual nunca quise hacer traslado de credencial, para no privarme del reencuentro de viejos compañeros de la escuela y liceo del barrio.

Pero la algarabía me duró poco, al comprobar que la escuela contaba con dos escalones en la entrada, que harían imposible el pasaje de la silla (pesa 200kilos) amén de una escalera que comunica con el piso superior, si superado el primer obstáculo, no me tocara votar en la planta baja.

¿Ahora bien, porqué razón el sistema me discrimina impidiéndome ejercer un derecho que tengo garantizado en la Constitución? Porqué, teniendo plenas facultades mentales, ¿se me suspende de hecho la ciudadanía? ¿No tengo suficiente con la enfermedad que padezco, y de la cual nadie está a salvo, para que me arrebatan un derecho constitucional por razones logísticas? No pretendo soluciones particulares, quiero hablar por los cientos sin voz, acostumbrados a la resignación del "no se puede".

Si bien soy consciente que una solución para estas elecciones internas se hace dificultosa por los tiempos, apelo a propuestas prácticas que me han sugerido, a saber: que las asociaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad elaboren una lista de usuarios en silla de ruedas, y que la misma se remita a la Corte Electoral para que ésta atienda exclusivamente que los locales donde voten dichos ciudadanos cuenten con condiciones de accesibilidad.

Para el futuro, se podría promover la sanción de una ley que permita a los usuarios en sillas de ruedas, poder votar en calidad de observado. El artículo 29 de la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad, ratificada por Uruguay, establece la obligación de los Estados parte la obligación de garantizar las instalaciones electorales en condiciones de accesibilidad. No gozaremos de una democracia plena, en tanto los derechos electorales se encuentren limitados.