Sobre finales de 2025, la familia del fallecido Gustavo Basso radicó una denuncia por extorsión y hackeo luego de que un tercero obtuviera el número de celular del fundador de Conexión Ganadera.
El fondo ganadero dejó de pagar a sus miles de inversores, lo que derivó en la imputación de sus socios y directores, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, por delitos de estafa y lavado de activos. Ambos fueron enviados a prisión preventiva. Por su parte, la viuda de Basso, Daniela Cabral, es investigada por estafa y cumple prisión domiciliaria.
El caso se originó cuando el síndico de la herencia de Basso, Alfredo Ciavattone, ordenó dar de baja el número de teléfono del empresario el pasado 10 de octubre. Apenas un mes después, el 14 de noviembre, un funcionario de Antel adjudicó ese mismo número a un nuevo cliente.
Tres días después, el 17 de noviembre, el nuevo titular cambió la contraseña del mail personal del empresario (gbasso1958@gmail.com). Según la información policial a la accedió Montevideo Portal, la cuenta de Gmail utilizó el mensaje de texto enviado al número recuperado como método de validación para el cambio de clave.
Días después de vulnerar la cuenta, el atacante creó el usuario “argenhack” y envió un correo al titular de Pasfer, Maximiliano Rodríguez, con el asunto: “Fiscal CG”. En el mensaje, exigía el pago de US$ 400.000 en bitcoins en un plazo de 13 horas. De no hacerlo, amenazó con divulgar los mails en los que se mencionara la empresa Pasfer.
Un día antes, a Cabral le llegó desde el mail de Gustavo Basso una animación —del tipo de archivo GIF— con una sirena.
Además de las acciones legales llevadas adelante por la defensa de la familia Basso, se hizo a Antel un pedido de acceso a la información.
En este, se solicitaron varios datos. En primer lugar, quién poseía el número del empresario fallecido; segundo, cuál es el procedimiento interno por el que se da de baja un servicio de telefonía celular o se devuelve un servicio previamente contratado; tercero, cuál fue el protocolo o guía de actuación que debían cumplir los funcionarios de Antel para la reasignación de un número telefónico previamente utilizado por otro usuario; cuarto, si durante dicho procedimiento intervinieron empleados de Antel, quiénes fueron y sus respectivos cargos, y, finalmente, en qué sucursal del ente se realizó la reasignación del teléfono de Basso. Se pidió, asimismo, que se remitiera copia íntegra del registro audiovisual que documente el trámite.
Antel, sobre el vencimiento del plazo, comunicó que usaría el margen que le permite la ley y prorrogó una respuesta por 20 días más.
De esta manera, la respuesta fue notificada a los abogados este jueves. De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal, “no existe normativa que establezca un plazo mínimo de espera para la reasignación de un número”.
Además, aclara que la “numeración” es un recurso escaso que es administrado por la Unidad de Servicios de Comunicaciones y se rige por el Plan Nacional de Numeración.
Antel respondió que sobre la identidad del nuevo titular del número reviste “carácter confidencial” conforme a lo establecido en el artículo 10, por lo que no correspondía brindar acceso.
“Sin perjuicio, es posible informar que la comercialización del servicio se realizó el 14 de noviembre de 2025 en el local Antel El Guacho, siguiendo los procedimientos habituales, no existiendo registro audiovisual que documente el momento de la venta del mismo”, añade el documento.
Con la respuesta del ente sobre la mesa, la familia de Basso analiza realizar una denuncia por encubrimiento de delito y por la omisión de los funcionarios públicos en proceder a denunciar los delitos.
Con respecto al proceder de Antel, el presidente del ente, Alejandro Paz, aseguró que “no se incumplió” la normativa. “En los números que pertenecen a contratos, una vez que este es entregado, vuelve a estar libre”, añadió.
Paz consideró que, si una persona va a pedir un número, no se “descarta” que tenga intereses. Sin embargo, el jerarca enfatizó que no es responsabilidad de Antel, dado que no se incumplió ninguna norma.
En Fiscalía
A nivel de Fiscalía, luego de algunos meses en que la causa no estuvo asignada a ninguna dependencia, quien se encarga de llevar las riendas de la investigación es la fiscal de Flagrancia de tercer turno, Silvia Pérez.
De acuerdo con la información que hay en la carpeta, hasta ahora no hay ninguna diligencia ordenada a la Policía. La familia Basso espera conocer en detalle por qué no se procedió a ordenar actuaciones al Ministerio Público.
El material existente es el aportado por los denunciantes, luego de que se hiciera la denuncia y se comenzaran a difundir los mails.