De “riesgos” a “negativo”: críticas de la oposición al FA por reformas del Diálogo Social

La Coalición Republicana cuestionó con dureza varias de las propuestas surgidas del Diálogo Social sobre seguridad social y advirtió que podrían generar riesgos fiscales, institucionales y económicos para Uruguay.

Durante una actividad realizada este miércoles en Montevideo, técnicos vinculados a los partidos de la oposición señalaron que una eventual flexibilización de la edad de retiro y los cambios planteados para las AFAP podrían afectar la calificación crediticia del país, aumentar el costo de la deuda pública y desincentivar los aportes al sistema previsional.

Las críticas fueron formuladas en la presentación “Riesgos del Diálogo Social en la seguridad social: La visión de la Coalición Republicana”, realizada en el Hotel Radisson, en la cual expusieron el contador y exdiputado del Partido Independiente Iván Posada, el exministro de Economía Isaac Alfie y el abogado Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma previsional aprobada en 2023.

El encuentro se produjo en medio del debate generado por las propuestas presentadas por el gobierno tras el Diálogo Social, entre las que figura la creación de una causal de retiro a partir de los 60 años bajo determinadas condiciones y una reformulación del funcionamiento del pilar de ahorro individual, manteniendo las AFAP, pero con una administración centralizada de las cuentas.

Posada centró buena parte de su exposición en las modificaciones previstas para las AFAP y en la posibilidad de revisar aspectos de la reforma aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

“La propuesta que surge del Frente Amplio a través de este Diálogo Social genera distintos tipos de riesgos”, sostuvo. Según explicó, uno de ellos es institucional, porque se modifica el papel que actualmente desempeñan las AFAP y se crea un organismo público encargado de centralizar las cuentas de ahorro individual.

“Las AFAP pierden totalmente la relación con sus afiliados”, afirmó y advirtió que el cambio “eventualmente puede derivar en conflictos y reclamos jurídicos”.

El dirigente independiente también alertó sobre un eventual “riesgo reputacional” para el país. “Es un cambio significativo que seguramente será analizado por las agencias calificadoras de riesgo”, señaló.

No obstante, sus cuestionamientos más fuertes estuvieron dirigidos a la posibilidad de flexibilizar la edad de retiro. “Para mí es el aspecto más negativo del documento del Diálogo Social”, sostuvo.

Posada recordó que, tras la aprobación de la reforma previsional en 2023, Uruguay obtuvo mejoras en su calificación crediticia y registró una caída del riesgo país. A su juicio, una marcha atrás parcial en esa reforma podría revertir esos avances.

“El riesgo ahora es que una revisión parcial de esa reforma, para permitir jubilaciones a los 60 años, termine provocando un aumento del spread y un deterioro de la calificación crediticia”, afirmó.

Según sus cálculos, volver a una situación similar a la existente antes de la reforma podría implicar “un aumento del servicio de deuda de unos US$ 270 millones anuales a largo plazo”.

Por su parte, Alfie reconoció algunos aspectos positivos en las propuestas vinculadas a la protección de personas con discapacidad y a la reorganización de programas sociales, aunque cuestionó varios de los cambios planteados fuera del sistema previsional.

“En algunos casos hay un incentivo a la informalidad que asusta. Para mí, ese es el problema número uno”, afirmó.

El exministro sostuvo que la creación de ingresos garantizados o transferencias sin suficientes contrapartidas puede debilitar los incentivos para aportar al sistema. “Si el ingreso mínimo garantizado es el mismo a los 60 que a los 65 años, y es generalizado, mucha gente puede preguntarse: ‘Si voy a cobrar lo mismo, ¿para qué voy a aportar?’”, señaló.

También cuestionó la propuesta de permitir jubilaciones a los 60 años. “En el pilar uno, en el fondo, estamos hablando de volver a la jubilación a los 60 años”, dijo, y aseguró que la evidencia internacional muestra que los incentivos para retrasar el retiro tienen escasa efectividad.

En relación con las AFAP, Alfie sostuvo que la propuesta rompe la relación entre afiliados y administradoras. “Hay incentivos perversos: se pierde el vínculo entre el cliente y el administrador”, afirmó.

Saldain, en tanto, consideró que el documento del Diálogo Social contiene pocos aspectos rescatables. Si bien valoró las iniciativas vinculadas a la infancia y al sistema de cuidados para personas mayores, fue especialmente crítico con el rumbo general de las propuestas.

“Voy a hacer una afirmación fuerte: este documento, sumado a las pautas programáticas del Frente Amplio, muestra que no hay un rumbo claro. El gobierno no sabe hacia dónde está yendo ni hacia dónde quiere ir”, sostuvo.

El abogado señaló que existe una contradicción entre el objetivo de mejorar las prestaciones y la posibilidad de reducir la edad de jubilación. “Hay una contradicción evidente entre ‘querer mantener y profundizar niveles de suficiencia’ y, al mismo tiempo, reducir la edad de jubilación a los 60 años”, afirmó.

Respecto al ahorro individual, sostuvo que los cambios propuestos no lograrán mejorar la rentabilidad de los fondos previsionales. “Las mejores rentabilidades no se van a generar con ninguna de las ideas planteadas en este documento”, aseguró.

Saldain también vinculó el debate con las tendencias demográficas que enfrenta Uruguay. “Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2070 Uruguay tendría 2,7 millones de habitantes en lugar de 3 millones, y la población económicamente activa caería un 41%”, explicó. “Entre 2009 y 2023, 23 países elevaron la edad jubilatoria. La pregunta es por qué Uruguay podría lograr el mismo efecto jubilando a los 60 años, cuando lidera el envejecimiento poblacional en la región”, agregó.

“Acá hay una decisión política que no tiene sustento técnico y que no marca un rumbo claro”, concluyó.

La actividad fue organizada con el objetivo de exponer la visión técnica de la Coalición Republicana sobre las propuestas surgidas del Diálogo Social, en momentos en que el gobierno trabaja para incluir las recomendaciones tanto en la próxima ley de Rendición de Cuentas, como en proyectos de ley ante el Parlamento.