La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, brindó este viernes una conferencia de prensa luego de que Moody’s mejorara la calificación crediticia de Uruguay, ubicándola en Baa1, dos escalones por encima del grado inversor.
Arbeleche valoró que la noticia implica “una reafirmación, y la suba de la nota es importante al menos por dos elementos”.
“Por una parte, en este momento tres de las cinco calificadoras que Uruguay le ha pedido lo evalúen nos ubican a un escalón de la categoría A-. En este momento, Uruguay tiene la nota crediticia más alta de su historia. Por otro lado, hace 10 años que la agencia Moody’s no movía la nota que le asignaba al país”, afirmó la ministra.
En esta línea, la jerarca recordó que la última vez que dicha calificadora le había mejorado la nota a Uruguay fue en 2014.
La economista destacó tres aspectos que tuvo en cuenta Moody’s para mejorar la calificación de Uruguay: “Fortaleza de política fiscal, baja inflación y reforma de seguridad social”.
En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finazas consignó que Moody’s remarcó en el informe que “la aprobación de la reforma de la seguridad social, indica la capacidad de las instituciones uruguayas para lograr consensos en torno las reformas políticamente difíciles con impacto económico y social a largo plazo”.
“Uruguay ha puesto en marcha particularmente la reforma de la seguridad social, que pone a las finanzas públicas en un sendero sostenible. La mejora de la nota tiene un impacto directo en todos los uruguayos. Hoy Uruguay es más atractivo para atraer inversiones. Inversión que es el motor del crecimiento de la economía. Implica más crecimiento y mayor empleo, que es el fin último de la política económica”, expresó Arbeleche.
Aunque la reforma de la seguridad social fue aprobada en octubre de 2022 en el Parlamento, actualmente la oposición la cuestiona y pretende derogarla o modificarla. Al mismo tiempo, el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio impulsan un plebiscito para sustituir el artículo 67 de la Constitución, lo que también implicaría un cambio en el sistema jubilatorio.
La papeleta disminuye la edad de jubilación a 60 años, además de marcar que “ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional”. Asimismo, pretende prohibir los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, es decir, las AFAP.
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