La causa que investiga la estafa de Conexión Ganadera tuvo una nueva audiencia judicial este miércoles. La Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, prorrogó las medidas cautelares para los imputados: Daniela Cabral, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow.

Las medidas se prorrogarán hasta el 10 de agosto de 2026, pero en ninguno de los tres casos la Fiscalía pidió a la Justicia modificarlas. Es decir, el matrimonio Carrasco e Iewdiukow seguirá en prisión preventiva, mientras que Cabral continuará en domiciliaria.

Uno de los temas que ha acarreado polémica en torno a la investigación fue el domicilio que fijó Cabral para cumplir su prisión domiciliaria, ubicado en el edificio Imperiale de Punta del Este, en un apartamento valuado en más de US$ 800.000.

Los abogados de Cabral, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, anunciaron durante la audiencia que la semana próxima preveían enviar a la Justicia un escrito en el que solicitarían un cambio de domicilio para su defendida.

“Esta decisión es personal de ella, no es que sea producto de un asesoramiento de nuestra parte. Nosotros la hemos asesorado en que ella tiene todo su derecho a estar donde está”, sostuvo Donnángelo durante la audiencia, y resaltó que la medida ha “resultado ser efectiva” en el domicilio fijado, dado que la Policía no ha reportado ningún inconveniente ni obstrucción de la investigación. 

El penalista entiende que no “hay razones procesales” para cambiar el domicilio que había sido fijado el año pasado cuando la Justicia imputó por un delito de estafa a Cabral.

“Así que, tras hacer algunas coordinaciones que tenemos que hacer y terminar de diseñar el tema, vamos a presentar en los próximos días un escrito en el que queremos que el nuevo domicilio sea reservado por la sede, habida cuenta de esta situación y este ambiente de extrema hostilidad que es notorio que algunos operadores están desatando para que este proceso no se lleve con las garantías debidas”, consideró Donnángelo, y estimó que este grupo “quiere sacar provecho de eso”.

El fiscal Rodríguez intervino luego de los dichos de Donnángelo y resaltó que, si bien como Fiscalía no tiene ninguna objeción ni injerencia en el domicilio fijado por la imputada, ve con “buenos ojos” la iniciativa de Cabral.

Tras los dichos de Rodríguez, la jueza Diovanet Olivera dispuso labrar el acta judicial y dejar resueltos mediante decretos los aspectos que se habían acordado en el correr de la audiencia —que había comenzado sobre las 11:00 y terminado cerca de las 12:00 horas—, entre los que iba a incluir que la defensa de Cabral presentaría una solicitud de cambio.

Además de mantener la medida cautelar, Olivera acotó que “en los próximos días [los abogados de la imputada] estarían presentando escrito por modificación de domicilio”. 

El penalista Sasson agregó que “el escrito, además de presentarse en sobre cerrado, va a solicitar un plazo breve pero prudente y sensato a los efectos de ejecutar el cambio”.

Sobre el final de la audiencia, cuando la decisión ya parecía haber quedado consumada y de hecho escrita en el acta judicial, el abogado Ignacio Durán —que representa a cientos de damnificados— pidió la palabra para intervenir.

A raíz del cambio de fijación de domicilio de Cabral, Durán manifestó que le quedaba una duda y que pretendía que fuera aclarada por la Fiscalía.

“Cuando la defensa de Cabral plantea la modificación, que uno tiene que decir que era lo que esperábamos, la Fiscalía —si yo no me equivoco— dice que ve con buenos ojos el cambio de domicilio. Si dice eso es porque veía con malos ojos que estuviera en el Imperiale frente al mar o porque hay un consenso con la defensa de la imputada en que hay un nuevo domicilio, que sería de nivel inferior, que no formaría parte de la sucesión. Creo que las víctimas tenemos derecho a saber a qué se refiere” la expresión de la Fiscalía, consideró.

El fiscal Rodríguez, en ese momento, se dio vuelta y miró a Durán para decirle: “No hay nada extraño. Cuando digo que lo veo con buenos ojos, lo reitero: lo veo con buenos ojos. Porque si era un elemento discordante o que causara malestar o preocupación en las víctimas, en las partes interesadas, si era un escollo, me parece muy bueno que en este caso se decida modificar el domicilio”.

El fiscal insistió en que no tiene “ninguna injerencia” en el cambio de domicilio. Durán acotó que la modificación puede implicar una vivienda con mayor lujo, a lo que Rodríguez respondió que lo desconocía.

No se cambia

Donnángelo retomó la palabra y sostuvo que la decisión de Cabral tenía “como objeto que estos niveles de agresión para ella y su familia, de algún modo, cesaran”. “Que exista un ambiente propicio para el juzgamiento”, añadió.

El penalista reiteró que acababan de anunciar que en los próximos días presentarían un escrito con el nuevo domicilio solicitado y pedirían que fuera reservado. “Ha habido amenazas a niños de 2, 5 y 7 años, que son los nietos de la señora. Con parlantes en el colegio, diciendo el apellido de la familia, generándoles daños emocionales a los menores. Han intentado ingresar en el apartamento de la señora en Punta Carretas. Existen razones más que suficientes como para que el domicilio tenga cierto resguardo”, añadió.

Donnánelo, quien subió un poco el tono de su voz, criticó que luego del anuncio “aparecen las presiones pospresiones”. “Es decir, empiezan ‘bueno, que digan cuándo van a presentar el escrito’, que ahora tiene que ser en un domicilio mejor o peor… Hagamos una cosa: no se va a cambiar el domicilio, va a quedar así”, anunció.

“Nosotros evaluaremos en las próximas semanas qué decisión vamos a tomar. Pero nosotros no trabajamos bajo presión, no nos dejamos presionar porque la presión a un abogado defensor es la presión al Estado de Derecho. La buena voluntad estuvo, se planteó aquí de la mejor manera posible, pero no se aprende”, indicó.

Sassón recordó que esto se daba en un contexto complejo, donde se han dado extorsiones, amenazas a la familia y a los abogados, entre otras situaciones. “Pero solamente para dejar en acta: fotos de los nietos de la clienta”, añadió el abogado y explicó que lo mencionaba para dejar constancia, a sabiendas de que en ese ámbito no existían facultades para investigar lo planteado.

“Hasta estos pendejos deben pagar por el daño de sus abuelos y sus padres”, indica una de las imágenes que mencionó Sassón.  

Sobre el final, la jueza Olivera recordó que sobre Cabral pesa el principio de inocencia. “Me gustaría que los abogados siguieran con la propuesta que habían realizado. Sobre todo por la seguridad de la señora y para lograr una pacificación”, concluyó la magistrada.