Diego Cánepa, prosecretario de la Presidencia, dijo este lunes que es “un profundo error decir que hubo un error” en la redacción del punto cuestionado del Presupuesto Nacional que desencadenó el conflicto con los trabajadores del Poder Judicial.

Cánepa explicó que el tema está ahora en manos del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, que sigue las negociaciones con los representantes del Ministerio de Economía y del propio Poder Judicial, y recordó que el impulsor del artículo cuestionado fue el recientemente fallecido Alberto Breccia.

Según Cánepa, hubo una diferencia de interpretación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que declaró inconstitucional una ley interpretativa por razón de forma y no de contenido, y que, en otra ocasión, declaró inconstitucional por una razón de forma una ley votada en la Rendición de Cuentas, por no contar con la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Cánepa enfatizó que el artículo en el que se basa el Poder Judicial está en una ley específica de ordenamiento de tribunales que no es de Rendición de Cuentas o de Presupuesto y que, sin embargo, para la Suprema Corte esa ley no es inconstitucional.

Además, subrayó que el artículo del Presupuesto declarado inconstitucional fue votado en el Senado con una mayoría superior a los votos con los que contaba el Frente Amplio en ese momento.


Antecedentes

La ley de Presupuesto de 2010 contenía al artículo 64, el cual equiparaba los salarios de los ministros de Estado con el de los senadores y en porcentaje a distintos directores del Ejecutivo.

Al entrar en vigencia en enero de 2011, la Suprema Corte entendió que todos los magistrados y defensores de oficio del Poder Judicial estaban excluidos de este artículo 64, por lo que cobrarían la misma retribución de los ministros de Estado. A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo envió una norma interpretativa para aclarar este tema, la cual fue recurrida por algunos colectivos y, por lo tanto, fue declarada inconstitucional. La Suprema Corte pagó el salario a los magistrados hasta que salió esta norma, al ser declarada inconstitucional el Poder Judicial no siguió pagando.

En la Rendición de Cuentas de 2012 hubo otra norma que modificaba el artículo 64 original y el Poder Ejecutivo entendió que no estaban ligados esos cargos a los de los ministros de Estado. Esta norma también fue recurrida por algunos colectivos y declarada inconstitucional, lo que abre la vía de una acción del cobro de pesos de esos colectivos que entendían que al ser declarada inconstitucional la ley reclamaban una deuda de enero de 2011 y un aumento del 21,6 % desde entonces, indicó el portal de Presidencia.