El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, destacó los avances logrados en la revinculación de niños y adolescentes al sistema educativo, analizó el debate sobre el uso de celulares y pantallas en los centros de estudio y se refirió a los desafíos que enfrenta la educación ante situaciones de violencia e inseguridad en los ámbitos educativos.
El jerarca destacó, en entrevista con Montevideo Portal, que el organismo cuenta con 600.000 estudiantes que ingresan todos los días a instituciones educativas que están bajo el amparo de ANEP. “La educación pública es el Estado en territorio. De hecho, si vos ubicás en un mapa todas las instituciones educativas, lo que se dibuja es el mapa de Uruguay”, mencionó.
En ese sentido, afirmó el rol importante de la educación en la sociedad uruguaya, por lo que las docentes y autoridades le “legan a los que vienen los saberes que entendemos que son importantes”, por lo que mantener el desarrollo de la educación “lleva mucho trabajo de muchos equipos”.
Caggiani explicó que ANEP es un organismo expuesto a la “tensión de la conversación pública”, ya que allí se “cifran la expectativa del tipo de sociedad que queremos construir”.
“Muchas veces parece que las autoridades de la educación no están mucho en el debate político, pero los que estamos hoy, creemos que esa es la mejor manera de abonar en una sociedad que reconozca la diversidad que tenemos”.
Por otro lado, el jerarca se refirió a cómo recibió la administración: “Recibimos una administración que estaba complicada en el relacionamiento entre los adultos de la educación con situaciones de persecución, juicios y deteriorado el clima de conversación. Eso se ha logrado recomponer. Lo clave es que los problemas de los cuales conversemos sean los problemas de los chiquilines y no los problemas que tenemos los adultos”.
En ese contexto, reafirmó que otro de los temas con lo que se encontró la nueva administración fue “un derecho a la educación que había sido como vaciado de contenido”. Según detalló, las discusiones sobre la obligatoriedad y la pandemia “pegaron muy fuerte” en la asistencia de los estudiantes.
“Tener el derecho a la educación, pero no estar en el sistema educativo es debilitarlo. Ahí hay un trabajo muy importante. Las líneas de política educativa del quinquenio tienen como serno esto de recomponer el ejercicio del derecho a la educación, y esto implica más gurises adentro del sistema educativo”, agregó.
Con respecto a su primer año de gestión, Caggiani destacó que Primaria logró una “proeza” al ser en el que que “más escuelas se transformaron a extensión del tiempo educativo en la historia del país”, con 17 centros educativos a lo largo del país. En esa línea, explicó que también lograron duplicar la cantidad de estudiantes que reciben alimentación, lo que impacta directamente en la posibilidad de extender los tiempos educativos.
“Hay casi un 40% de mejora en la asistencia de los gurises más pobres y esto es claro, porque podés tener el mejor sistema educativo del mundo, pero si los alumnos no están es como no tenerlo”, agregó.
Además, señaló que durante los últimos años Uruguay registraba 5.000 niños y adolescentes que no se matriculaban en el sistema educativo, y que las medidas aplicadas hasta ahora no tenían impacto. “Se les suspendía la asignación familiar y volvían 300, los otros 4.700 no sabíamos qué pasó”, afirmó.
En ese sentido, destacó que en 2025 se realizó un trabajo coordinado entre distintos organismos del Estado para ir a buscar a esos menores y conocer las razones de su desvinculación. Según indicó, la estrategia permitió que retornaran a estudiar 3.000 jóvenes.
En el pasado mes de abril, ANEP publicó las cifras de su última versión del Monitor Educativo, un informe que detalla con información actualizada los datos recabados en todo el año 2025. Los datos marcaron que hubo una baja del 10,9% en la matrícula de la educación primaria, es decir, que se contó con 37.476 alumnos menos.
Caggiani atribuyó esto a la “baja de natalidad”. “Tenemos proyecciones que han establecido los demógrafos: va a continuar así, es decir, el sistema educativo dentro de 15 años va a tener la mitad de los estudiantes, y no porque los chiquilines no estudien, sino porque no nacieron”, explicó.
Al ser consultado sobre los cambios aplicados en la administración de ANEP anterior, liderada por el dirigente del Partido Colorado Robert Silva, Caggiani afirmó: “En educación, las cuestiones son siempre acumulativas, por lo que estamos administrando hoy es algo que tiene muchas gestiones de otros”.
En la misma línea, sostuvo que, más allá de las diferencias políticas o de gestión, prefiere no atribuir malas intenciones a quienes piensan distinto y consideró que muchas veces las discrepancias responden a “una perspectiva diferente de la sociedad”. Ante esto, detalló que opta por “rescatar las cuestiones positivas” que existen en común.
Sobre las modificaciones que se podrían aplicar en un futuro en el sistema educativo, el presidente de ANEP afirmó que se realizarán en un “cambio lento”, ya que cuando se “sueña con cambios que no están adentro del aula” los docentes “siguen haciendo lo que consideran mejor para sus chiquilines”.
Por otro lado, Caggiani señaló que ANEP se encuentra analizando junto al Plan Ceibal el impacto del uso de celulares y pantallas en los centros educativos, en un contexto en el que Uruguay cuenta con herramientas tecnológicas “bien diferentes de lo que tienen otros países”. En ese sentido, destacó que Ceibal no solo proporciona dispositivos y conectividad, sino también plataformas y recursos educativos que forman parte de la dinámica cotidiana de enseñanza.
El jerarca también explicó que la efectividad de las prohibiciones sobre el uso de celulares en las clases, en muchos casos, terminan teniendo excepciones. “No todas las prohibiciones funcionan como prohibición”, sostuvo, y mencionó estudios internacionales que muestran que limitar el uso de teléfonos dentro de los centros educativos no necesariamente reduce el tiempo que los adolescentes pasan en redes sociales fuera de clase.
Además, remarcó que las pantallas se encuentran en distintas dimensiones de la rutina, ya que funcionan como fuente de entretenimiento, información y comunicación. Según explicó, actualmente los centros educativos uruguayos ya regulan el uso de celulares dentro de los salones y, en general, “está pautado que se usa para acceder a las plataformas, para buscar información, realizar una actividad que tiene que ver con lo que está pasando en el aula”.
En ese sentido, el jerarca contó que existe un grupo de trabajo elaborando orientaciones sobre el uso de celulares y pantallas en los centros educativos, con el objetivo de que la educación tenga un rol en la formación de los usos de aparatos digitales. “Si la educación pública no enseña a cuidar los datos personales, a relacionarnos en entornos virtuales, a saber qué es lo que sucede en ese mundo, ¿quién le enseña a esos ciudadanos qué es lo que pasa ahí?”, planteó.
Además, señaló que en muchos casos la utilización de los teléfonos es parte de la comunicación entre los jóvenes y sus familias. En ese contexto, consideró necesario generar espacios donde los estudiantes aprendan a regular el uso de dispositivos que “están diseñados para captar tu atención”.
Por último, el presidente de ANEP explicó que una de las principales funciones del sistema educativo es enseñar a convivir y relacionarse con otros en un espacio colectivo. Según detalló, la escuela y el liceo son los primeros ámbitos donde niños y adolescentes deben interactuar con pares que tienen reglas, costumbres y experiencias distintas a las inculcadas en sus hogares. En ese sentido, consideró que la educación atraviesa una fuerte tensión por el contexto de violencia presente en la sociedad y advirtió que “no existe la reja contra la violencia”, ya que esas problemáticas ingresan a los centros educativos junto con las personas.
El jerarca detalló que la seguridad es una condición fundamental para el aprendizaje y recordó que distintos estudios muestran que los alumnos que se sienten inseguros “aprenden menos”.
Con respecto a las amenazas de tiroteos registradas en centros educativos, explicó que el fenómeno comenzó a analizarse junto al Ministerio del Interior, equipos de convivencia y especialistas en derechos humanos desde una perspectiva más amplia que la estrictamente policial. “Era más un problema de adolescentes que pasaban asuntos de la nube a la realidad”, indicó, y agregó que para muchos jóvenes no existe una diferencia clara entre lo que sucede en los entornos digitales y lo que ocurre en la vida cotidiana.